El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se quedará cojeando durante tres años. Con la salida de la magistrada Janine Otálora Malassis el próximo 31 de octubre, Morena ha decidido dejar su silla vacía hasta 2027, según confirmó el coordinador en el Senado, Adán Augusto López Hernández.
El morenista fue tajante: “El Senado no puede rechazar la renuncia. Se recibe, se notifica y el cargo se queda acéfalo”. Bajo su lectura del artículo 98 constitucional, no hay forma de cubrir la vacante antes del siguiente proceso de elección judicial.
La decisión abre un debate incómodo sobre la parálisis institucional y el control político del Tribunal, justo cuando se avecinan batallas electorales decisivas.
En el mismo tono, el priista Manuel Añorve coincidió en que el TEPJF puede operar con un asiento vacío hasta 2027, minimizando el impacto de una Corte incompleta. Pero desde el PAN, Ricardo Anaya advirtió que su bancada revisa tres posibles salidas: dejar el hueco, designar al segundo lugar de la elección pasada o que la Suprema Corte envíe una terna al Senado, dado que Otálora fue nombrada bajo un esquema distinto al voto popular.
Mientras los partidos cruzan interpretaciones constitucionales, la realidad es que el árbitro electoral más importante del país quedará con una silla vacía… justo antes de la gran contienda presidencial.
Porque en el México político de hoy, la justicia electoral también se somete a los tiempos —y conveniencias— del poder.
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