La tensión entre el campo y el gobierno federal escaló a niveles inéditos. El Movimiento Agrícola Campesino (MAC) denunció este domingo que la Fiscalía General de la República abrió carpetas de investigación contra 12 de sus integrantes por los bloqueos que realizaron en octubre. Para los campesinos, esto no es justicia: es represión pura y simple.
Los señalados —entre ellos Erasto Patiño, Rubén Vázquez y Mauricio Pérez— fueron citados en calidad de imputados. El mensaje del gobierno, dicen, es claro: protestar por precios justos se convirtió en un delito.
En un comunicado que encendió las redes, el MAC acusó al gobierno de querer ahogar en miedo, trámites y gastos legales a quienes solo exigían lo mínimo: un precio de referencia justo para el maíz, el frijol y el sorgo, y atención urgente a la crisis del agua.
“Su único delito fue exigir dignidad”, sentenció la organización.
Del campo a la ONU
La reacción del movimiento fue inmediata: llevarán el caso ante la Organización de las Naciones Unidas para denunciar la criminalización de la protesta social en México. Al mismo tiempo, lanzaron una colecta para financiar la defensa de los trabajadores acusados.
Para el MAC, las investigaciones de la FGR son represivas y buscan desmovilizar al campo mexicano justo después de las históricas protestas del 14 y 27 de octubre, cuando miles de campesinos bloquearon carreteras exigiendo precios de garantía reales.
“No daremos un paso atrás”
La organización responsabilizó al gobierno federal y estatal por la seguridad de los 12 campesinos citados y de sus familias. El mensaje final del MAC fue contundente, desafiante y directo:
“No nos van a doblar. No daremos un paso atrás.”
Mientras tanto, el campo vuelve a encenderse. Y esta vez, la batalla no es por el precio del maíz: es por el derecho a protestar.
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