Un nuevo capítulo de opacidad estalla en el corazón del gobierno federal: documentos oficiales revelan que la Fiscalía General de la República ocultó información clave que podría vincular directamente al exsecretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda Durán, con su sobrino Fernando Farías Laguna, hoy prófugo y señalado como cabeza de una red de huachicol fiscal.
Mientras la FGR sostiene en sus expedientes que Farías adquirió dos propiedades en Guaymas, Sonora, a una mujer llamada Sandra Luz Laguna Rivera en 2015, los registros catastrales cuentan otra historia: Ojeda Durán figuraba también como dueño de esos mismos predios.
Y hay más. Según los documentos del Instituto Catastral y Registral de Sonora, el exsecretario habría vendido estos terrenos directamente a su sobrino en febrero de 2019, apenas tres meses después de haber tomado control de la Secretaría de Marina.
Un movimiento inmobiliario sospechosamente oportuno.
Pese a la relevancia del parentesco y de la operación financiera entre ambos, la Fiscalía decidió no mencionarlos, eliminando del expediente cualquier referencia a los vínculos familiares o a la participación patrimonial de Ojeda Durán.
Una omisión que, para cualquier investigador serio, resultaría imposible pasar por alto.
El caso apunta a un posible encubrimiento institucional para blindar a uno de los funcionarios más poderosos del gabinete lopezobradorista, mientras el presunto operador del huachicol fiscal sigue desaparecido.
La pregunta queda abierta y retumba:
¿Incompetencia, protección… o algo peor?
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