¡La Corte le da la espalda a las víctimas y está a favor del poder! Activistas denuncian histórico retroceso y validación del recorte más brutal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de encender las alarmas en todo el país. Con una votación dividida —cinco votos a favor y cuatro en contra—, el máximo tribunal decidió no declarar inconstitucional la reforma que eliminó el fondo mínimo destinado a la atención y reparación de víctimas del delito.
Una decisión que organizaciones civiles califican como el golpe más duro en años contra los derechos humanos.

Artículo 19, el Centro Prodh y la Fundación para la Justicia denunciaron en un comunicado que la Corte “dio la espalda a las víctimas” al validar una medida regresiva que desmantela el respaldo financiero obligatorio para asistencia, ayuda y reparación integral.
Y el señalamiento es todavía más fuerte: acusan a los ministros de reabrir un debate ya resuelto, vulnerando el principio de cosa juzgada y poniendo en riesgo la seguridad jurídica del país.

El ministro Giovanni Figueroa presentó el proyecto, pero no alcanzó los seis votos necesarios para tumbar la reforma aprobada en 2020.
Resultado: un artículo que elimina garantías presupuestales clave continúa vigente… y millones de víctimas quedan a merced de buenas intenciones sin presupuesto.

Las organizaciones advierten que la medida revienta el principio de progresividad y abre la puerta para que, con futuras reformas, los derechos se reduzcan cada vez más.
Sin presupuesto, alertan, las políticas de verdad, memoria, acompañamiento y no repetición se vuelven “letra muerta”.

El llamado de la sociedad civil es contundente:

  • Que la Corte deje de validar retrocesos y garantice los derechos de las víctimas.

  • Que el Poder Judicial y el Congreso legislen sin destruir avances históricos.

  • Que las autoridades federales y estatales aseguren recursos reales y acceso a la justicia.

  • Y que la ciudadanía vigile cada paso para evitar más retrocesos disfrazados de reformas técnicas.

La pregunta que cruza la conversación pública es tan incómoda como inevitable:

¿Cómo confiar en una justicia que recorta —por decisión propia— los derechos de quienes más necesitan protección?

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