Veracruz: Crisis en las urnas, crisis en la UPAV, crisis en todos lados

TRIBUNALES SIGUEN ANULANDO ELECCIONES.

Van ya tres presidencias municipales importantes arrancadas en tribunales a Movimiento Ciudadano, una tendencia que comienza a levantar sospechas y que, además, erosiona la confianza ciudadana en los procesos electorales. Primero fueron Papantla y Poza Rica; ahora, Jáltipan, un caso lamentable por la claridad con la que la ciudadanía se expresó en las urnas, la votación a favor del candidato emecista fue contundente, sin margen para dudas ni interpretaciones alternativas. Sin embargo, aun así, la voluntad popular volvió a quedar subordinada a los vericuetos jurídico-electorales.

En Jáltipan, la candidata perdedora recurrió a la figura —cada vez más socorrida— del delito de violencia política en razón de género, un mecanismo creado para proteger derechos y combatir prácticas históricas de exclusión; cuyo uso discrecional y, en algunos casos, claramente estratégico, lo está convirtiendo en un arma litigiosa capaz de revertir resultados que en las urnas fueron inapelables y, con ese argumento el Tribunal Electoral del Estado decidió anular la elección, pasando por alto la evidente intención del voto ciudadano.

A esto se suma un entorno institucional marcado por las recientes “elecciones judiciales”, que han reconfigurado la correlación de fuerzas en los órganos encargados de impartir justicia electoral y, con la confirmación de los tribunales, todo apunta a que respaldarán la resolución estatal, lo que, en los hechos, beneficia directamente a Morena.

¿QUIÉN PONDRÁ ORDEN EN LA UPAV?

La situación en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) se ha convertido en un foco rojo que el gobierno estatal parece más interesado en capotear que en resolver de fondo; que en solo once meses hayan pasado tres rectores revela un desorden imposible de ocultar donde continúan los retrasos en los pagos a los “asesores solidarios”.

El escándalo mayor estalló la semana pasada, cuando cientos de estudiantes aparecieron dados de baja o con adeudos que nadie pudo explicar, exhibiendo la fragilidad del sistema y la falta de control interno.

Detrás de esta crisis aparece el tema clave: el manejo de los recursos, pues la UPAV opera mediante una asociación civil administrada por particulares que de acuerdo con testimonios de docentes y coordinadores, está en manos del coordinador de asesores de la Secretaría de Educación, Martín Rivera, junto con sus familiares Martín Martínez Sánchez y David Martínez Sánchez, este último identificado como director jurídico de la UPAV.

El volumen de dinero no es menor: la UPAV tiene más estudiantes que la propia Universidad Veracruzana y, unque la gobernadora Rocío Nahle anunció que se interpondrían denuncias contra quienes hayan administrado irregularmente estos fondos, hasta ahora ni los cambios de rector ni los anuncios oficiales han logrado corregir la estructura opaca de la institución.

Denuncias públicas indican que la encargada de Tecnologías de la Información —señalada como pareja de Martín Rivera— tendría acceso privilegiado a las claves para modificar estatus de alumnos en el sistema, a ello se suma que David Martínez Sánchez, tío de Rivera, ocupa el área jurídica, lo que según testimonios ha complicado cualquier modificación al modelo de administración financiera y todo esto ocurre mientras la secretaria de Educación, Claudia Tello, se involucra directamente en decisiones internas, pese a que la UPAV es autónoma por decreto por lo que, para especialistas, esto podría constituir una intromisión indebida en su autonomía universitaria.

Lo más preocupante es que, según relataron docentes, una maestra que documentó irregularidades en el manejo de recursos habría sido hostigada, amenazada y perseguida después de hacer públicas sus denuncias lo que dibuja un escenario grave que exige una investigación independiente y seria, no solo movimientos administrativos para dar imagen de orden pues lo que ocurre en la UPAV afecta a miles de estudiantes, vulnera la confianza en las instituciones educativas y deja en entredicho la capacidad del gobierno para corregir prácticas que, según quienes las han revelado, podrían constituir algo más que simples deslices administrativos y parece más delincuencia organizada.

LAS VERGONZOSAS COMPARECENCIAS.

Es una auténtica pena que en el gobierno de Veracruz no exista una verdadera rendición de cuentas, Las comparecencias de los secretarios ante el Congreso local han dejado en evidencia la incapacidad y falta de oficio de varios funcionarios que llegan únicamente a leer “números alegres” y a presumir que los primeros once meses del gobierno morenista han sido un éxito rotundo mientras los legisladores afines a la 4T se prestan a la complacencia: formulan preguntas a modo, celebran informes huecos y evitan cualquier cuestionamiento serio dando como resultado que, un ejercicio que debería ser de control democrático, luzca como un espectáculo de focas aplaudidoras.

El nuevo formato de comparecencias, lejos de abonar a la transparencia, parece diseñado para proteger a quienes no tienen experiencia para responder a preguntas técnicas o políticas, los funcionarios a quienes se les ha prohibido tener trato con la prensa —justo para evitar tropiezos— llegan al Congreso y, ante los cuestionamientos de los diputados de oposición, terminan exhibiendo su falta de preparación; los opositores los han dejado sin argumentos, han desmontado sus cifras optimistas y les han puesto en evidencia, pero la respuesta general de los secretarios es que “responderán por escrito”. Así, ¿de qué transparencia podemos hablar? La rendición de cuentas se diluye en excusas, evasivas y falta de claridad.

Lo que los funcionarios van a contar al Congreso se parece más al país de las maravillas que a la realidad veracruzana; dicen que vamos bien en seguridad pública, pero basta preguntar a la ciudadanía para confirmar el enorme contraste entre las cifras oficiales y la percepción diaria de violencia, aseguran que en gobernabilidad todo marcha sin contratiempos, mientras continúan las quejas, manifestaciones, los conflictos regionales e incluso asesinatos vinculados a disputas políticas y, en materia ambiental, se pintan de verde perfecto, pero los rellenos sanitarios desbordados, los ríos contaminados y las lagunas dañadas cuentan otra historia; en desarrollo social, aseguran, todo es un éxito… aunque cualquier veracruzano tiene una evaluación muy distinta cuando mira su entorno inmediato.

El colmo llega cuando se presume que el turismo es un caso ejemplar, mientras el propio secretario es incapaz de distinguir un destino de montaña de uno de playa o cuando en la Sedecop dicen que todo está “perfecto”, pero no pueden responder preguntas elementales sobre la actividad económica del estado y aún faltan secretarios por comparecer en este proceso que ni a los propios morenistas les interesa y así lo confirman las imágenes: salas semivacías, diputados ausentes y secretarios cómodos en el autoelogio entonces , si esta es la rendición de cuentas que Veracruz ofrece, no es difícil entender por qué la brecha entre la narrativa oficial y la realidad ciudadana crece cada día más.

ACEPTO EL RETO ¿QUIÉN SE SUMA?

Es verdaderamente revelador —y lamentable— cómo los funcionarios públicos morenistas en Veracruz reaccionan cuando se les cuestiona: no toleran la crítica y, al menor señalamiento de sus errores o pifias, antw una pregunta que les incomoda se ofenden, se encrespan y responden con frases infantiles como “a ver, hazlo tú”.

Esa actitud defensiva y displicente se volvió emblemática cuando el diputado Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, contestó a reporteras que preguntaban por el aumento salarial de la gobernadora: “me gustaría que ustedes fueran funcionarias públicas para que vean lo que se trabaja”, como si la exigencia de rendir cuentas fuera un agravio personal, en vez de un deber democrático.

Pero Bautista no fue el único, el secretario de Turismo, Igor Fidel Rojí López, también adoptó una postura arrogante tras confundir un destino de montaña con uno de playa y, molesto por las observaciones lanzó un desafió: “me gustaría ver a mis críticos ante el Congreso dando un informe de actividades y respondiendo las preguntas que me hicieron ante todos los grupos parlamentarios”. Los funcionarios morenistas parecen olvidar que justamente para eso fueron contratados: para rendir cuentas ante los legisladores y ante la ciudadanía, y no para desafiar a quienes los cuestionan.

La prepotencia de estos funcionarios revela una mentalidad muy equivocada sobre el servicio público pues no están ahí para que les celebren sus logros, sino para responder por sus resultados y, si les pesa tener que dar cuentas, deben recordar que les pagan miles de pesos y representan a la ciudadanía peronsinaun con ello les molestan los cuestionamientos, quizá debieran considerar renunciar y dejar el cargo a alguien con más responsabilidad pero en lugar de eso, prefieren lanzar frases retadoras, como si gobernar fuera un juego de valentía, no una labor de compromiso con la gente.

Es más, yo, les lanzo un reto de verdad: acepto ser funcionaria pública acepto sentarme frente al Congreso, presentar un informe, responder a todas sus preguntas y demostrar con hechos lo que hago, segura estoy que no soy la única que lo puede hacer, y de que hay muchas personas en Veracruz capaces de hacerlo mejor que algunos de quienes hoy se ofenden cuando se les exige transparencia. Acepto el reto ¿Dónde firmo?

DE ÚLTIMA HORA

El asesinato de Juan Carlos Mezhua Campos en Zongolica no es un hecho aislado: es la prueba irrefutable de que Veracruz está al borde del colapso.

Que un exalcalde sea acribillado a tiros en su propia tierra, a pocos metros de un cuartel de la Guardia Nacional, no es solo un acto criminal; es una humillación abierta al Estado, que demuestra su incapacidad total para proteger a sus ciudadanos y a sus líderes.

Mientras los políticos y la sociedad son golpeados por la violencia, los grupos criminales avanzan sin freno, consolidando su dominio sobre gran parte del territorio, Veracruz ha dejado de ser un estado gobernado y se ha convertido en un escenario donde el crimen dicta las reglas y el Estado solo observa.

La ejecución de Mezhua Campos evidencia lo que todos saben pero pocos se atreven a decir: la delincuencia organizada no teme ni respeta a las instituciones; cada asesinato, cada ataque a un líder local, es un mensaje de impunidad y poder, la falta de reacción contundente y la tolerancia tácita de las autoridades han convertido al estado en un terreno de nadie, donde la vida y la justicia valen cada vez menos.

Veracruz está perdiendo terreno frente al crimen, no son suficientes las investigaciones ni las declaraciones formales: se necesitan acciones para recuperar el control del Estado porque cada víctima política es un recordatorio brutal de que, si no se actúa ya, el caos seguirá avanzando, el número de muertes incrementando y los ciudadanos perdiendo.

Comentarios, sugerencias y denuncias: WhatsApp 228 496 6621