Lo que el gobierno federal presenta como un avance “histórico” contra la extorsión podría convertirse en una de las amenazas más graves contra la libertad de expresión en México. Hoy, la Cámara de Diputados revisará nuevamente el dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero cuestionada por organismos de derechos humanos por su potencial uso como arma política.
La organización ARTICLE 19 lanzó una alerta contundente: la redacción ambigua de la iniciativa permite que cualquier crítica periodística pueda ser denunciada como extorsión, abriendo la puerta al hostigamiento penal contra periodistas, medios y voces disidentes.
El artículo 15 es el corazón del riesgo. Ahí, se define extorsión como obligar a alguien a “tolerar” algo que cause daño moral o psicológico… sin exigir pruebas de violencia, coacción o intención delictiva. Con una fórmula tan amplia, un funcionario inconforme podría acusar a un reportero de “extorsión” por el simple hecho de publicar una investigación incómoda.
Y para rematar, la fracción V del artículo 17 establece que el delito puede cometerse usando “dispositivos, medios o plataformas” que transmitan información. Es decir: cualquier publicación en prensa, radio, redes sociales o plataformas digitales podría ser usada como prueba en tu contra.
El mensaje es claro: si una nota afecta la “moral” de una autoridad, podría considerarse un delito penal.
ARTICLE 19 recordó que incluso hay antecedentes en los que autoridades consideran que un periodista obtiene “beneficio” en su “fama pública” por publicar información crítica. La ley propuesta legitima ese tipo de interpretaciones peligrosas.
De aprobarse, este marco jurídico no solo inhibiría la crítica, sino que también instalaría un mecanismo indirecto de censura, contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, que protegen con mayor fuerza las expresiones de interés público.
La organización exige al Congreso eliminar por completo la fracción V del artículo 17 y corregir el artículo 15 para asegurar definiciones claras y evitar que la norma se convierta en un garrote contra la prensa.
Mientras tanto, la discusión sigue avanzando y México enfrenta la pregunta incómoda:
¿se combate la extorsión… o se institucionaliza la mordaza?
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