Jorge Fernández Menéndez
Si hay algo que moviliza a los campesinos y productores agrarios en la actual coyuntura es la intención de estatizar, dejar en manos del gobierno, toda el agua del país. La tierra sin el agua para los productores agrícolas y los campesinos no vale nada. Y el gobierno federal, con la nueva Ley de Aguas, quiere que toda el agua quede bajo su control y sea distribuida vía concesiones, que también el gobierno decidirá a quién, cuándo y cómo entregará.
Hay un enorme desorden en el sector, eso es indudable, pero, como se ha hecho con muchas otras cosas en la 4T (desde el nuevo aeropuerto de Texcoco, que se pagó, pero nunca se construyó, o instituciones como Financiera Rural o el Fonden), en lugar de hacer reformas que mejoren instancias, programas, instituciones, se hacen cambios radicales que empeoran la situación y concentran siempre poder en el gobierno central. Eso es lo que se quiere hacer con la estatización del agua.
“En el papel, la reforma dice que es para ‘proteger el agua de la nación’. En la realidad, en un país con este nivel de corrupción e impunidad, centralizar un recurso escaso como el agua es peligroso. Le da al gobierno federal la capacidad de controlar a un estado no con políticas, sino con dependencia. Una oficina pone la mano en la llave y todos los demás se tienen que arrodillar para beber.
“Quienes producen los alimentos tienen derecho a los recursos que hacen posible la producción, y tienen derecho a participar en las decisiones sobre los insumos de la agricultura. No se puede pedir a los productores que alimenten al país mientras se les quita su voz respecto a cómo se administra el agua. Quienes cargan con el trabajo y con el riesgo merecen estar en la mesa.
“Quitar el derecho de transferir concesiones devalúa la propiedad casi de un día para otro. El patrimonio de familias, ranchos y tierras agrícolas, acumulado durante generaciones, queda en manos de una burocracia lejana. Es un cuchillo directo al corazón de Chihuahua. Si los productores no pueden contar con derechos de agua seguros, se frenan las inversiones, baja la producción y aumenta la migración.
“La Conagua y la Comisión ya han demostrado cómo se puede abusar del poder. A los productores se les alargan los trámites durante años sin entregarles papeles finales, obligándolos a sobornos porque los funcionarios intencionalmente evitan cerrar el proceso. Si entregaran los documentos, se terminaría la extorsión. La nueva ley toma ese modelo fallido y lo fortalece aún más.
“Todos estamos de acuerdo en que el agua debe protegerse. Todos sabemos que los acuíferos necesitan soluciones de largo plazo. Pero proteger el agua no puede significar castigar a las comunidades que alimentan al país. Chihuahua es el estado más grande de México, con su propio clima, su propia economía y su propia realidad. Chihuahua necesita un asiento en la mesa para diseñar cualquier solución para Chihuahua”.
Hasta ahí este texto inobjetable de Adrián LeBarón que está en redes desde hace días. No imagino que alguien pueda decirlo mejor.
Una demostración de que cuando el Estado controla el agua no necesariamente se administra mejor ni se evita la corrupción, es el amplio y, en buena medida, exitoso operativo que está realizando la Fiscalía del Estado de México para evitar la extracción, distribución y venta de agua en la entidad. Se llama Operativo Caudal y hace algunas semanas se realizó la primera fase en varios municipios mexiquenses, en donde mafias aliadas con autoridades locales de todo tipo extraen y venden ilegalmente el agua.
Esta semana fueron detenidos seis líderes e integrantes relevantes de los llamados sindicatos que manejan ese negocio ilegal. Son líderes del Sindicato 22 de Octubre; la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM); los Sindicatos Unidos por la Transformación de México (Sutmex); La Chokiza y Somos Mayas, Somos Fuertes y/o Los Mayas, estas dos últimas, aliadas de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON). En realidad, todas ellas son organizaciones criminales o que operan aliadas a éstas.
Están acusados de homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, despojo de propiedades, disparo de arma de fuego, delitos contra la salud, así como contra el servicio público y distribución del agua en los municipios de Acolman, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Teotihuacán, Texcoco y Valle de Chalco, principalmente.
Excélsior
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