La renuncia exprés de Alejandro Gertz Manero no solo abrió un hueco en la Fiscalía General de la República: destapó un agujero negro de opacidad, abusos y control político que más de 50 organizaciones civiles venían denunciando desde hace años, y que hoy vuelven a colocar sobre la mesa con una acusación demoledora: la FGR de Gertz fue diseñada para servir al poder, no a la justicia.
Colectivos como Fiscalía que Sirva, La Justicia que Queremos, Artículo 19, MCCI, México Evalúa y decenas más, advirtieron que la salida del exfiscal fue aprobada “fuera de los cauces constitucionales” y con una intención evidente: La 4T quiere mantener el control político absoluto sobre la institución que debería investigar al poder, no obedecerlo.
En un comunicado de alto voltaje, organizaciones y activistas denunciaron que la separación de Gertz—impulsada en velocidad récord por el Senado y coronada con el ascenso inmediato de Ernestina Godoy como encargada de despacho—no se explica por una “causa grave”, sino por un movimiento político que se ejecutó sin transparencia y con enormes sombras.
Pero no se quedaron ahí. Hicieron un recuento del desastre:
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Gertz desmanteló la Ley Orgánica original de la FGR para aprobar una legislación “a modo” que eliminó mecanismos de rendición de cuentas.
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Fue señalado por tráfico de influencias contra su cuñada y su sobrina, en un escándalo que alcanzó a la Suprema Corte.
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Intervino para traer de vuelta a México al general Salvador Cienfuegos, detenido en EE.UU. por narcotráfico.
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Estuvo implicado en decisiones polémicas como el caso Rancho Izaguirre.
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Y durante su sexenio, según los colectivos, la FGR retrocedió en transparencia, participación ciudadana y protección a víctimas.
Pese a ello, el Senado nunca lo llamó a rendir cuentas. “Lo que vimos el 27 de noviembre confirma cómo las fiscalías en México han sido usadas para perseguir adversarios, garantizar impunidad o proteger pactos políticos”, denuncian.
La crítica más dura llega donde más duele: en México, la justicia solo existe para quien tiene poder o influencias, mientras 130 mil familias con casos de desaparición siguen esperando respuestas.
Ahora, con la elección del nuevo titular de la FGR en puerta, las organizaciones exigen un proceso serio, público, transparente y con estándares internacionales. Quieren entrevistas abiertas, planes de trabajo claros, mecanismos contra la corrupción, y convocatorias para renovar cargos clave, desde derechos humanos hasta delincuencia organizada.
La lista de firmantes es extensa y potente: desde Artículo 19, Red TDT, Buscando Desaparecidos México, Fundación para la Justicia y Mexicanos Contra la Corrupción, hasta activistas como Daniel Giménez Cacho, Ana Lorena Delgadillo y Jacobo Dayán.
El mensaje es unánime y devastador:
La salida de Gertz no cierra un ciclo. Solo confirma que la FGR ha sido usada como arma política. Y que si no cambia a fondo, seguirá siéndolo.
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