En una jugada que promete sacudir a más de un cacique del agua, diputados de la autodenominada Cuarta Transformación aprobaron una batería de 18 cambios a la Ley General de Aguas que endurece —como nunca antes— las sanciones contra servidores públicos que trafiquen con concesiones, permisos o prórrogas. ¿La nueva receta? Hasta 14 años de prisión y un cerco legal que alcanza no sólo al funcionario, sino también a cónyuges, familiares hasta cuarto grado, socios, y prácticamente cualquiera que comparta una tarjeta de presentación con él.
La iniciativa, impulsada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pretende cerrar todas las rendijas por donde históricamente han escapado funcionarios que vendían el agua al mejor postor. Ahora, cualquier concesión obtenida mediante favores podrá perseguirse incluso si la transacción se disfrazó a través de familiares o sociedades “de confianza”.
Pero el paquete va más allá del castigo. En el Quinto Transitorio se ordena a la Comisión Nacional del Agua armar un programa de regularización para poner orden en pozos y obras dentro de zonas de libre alumbramiento, con una advertencia clave: nada de acaparamiento disfrazado.
Otro de los movimientos quirúrgicos ocurre en el artículo 22: las concesiones ya no podrán transmitirse como si fueran herencia familiar o activos corporativos. Los derechos preferentes derivados de fusiones, escisiones o sucesiones serán reasignados bajo criterios más estrictos (artículo 37 Bis 1), lo que promete frenar prácticas que por años beneficiaron a grupos privilegiados.
Además, la Conagua ya no “podrá” sino “deberá” reasignar volúmenes de agua mediante procedimientos ordinarios o expeditos, eliminando la discrecionalidad que tantas sospechas generó en el pasado.
El ajuste más profundo recae en el Programa Nacional Hídrico, que ahora deberá actualizarse con criterios sociales, ambientales y económicos —pero, sobre todo— garantizando el derecho humano al agua. Acceso suficiente, aceptable, salubre y equitativo: ese es el nuevo mantra de la 4T en materia hídrica.
Finalmente, se afina el artículo 12 Bis 2, otorgando a la Conagua la facultad de expedir títulos de concesión y permisos de descarga conforme a su propio Reglamento Interior.
En resumen: Morena quiere redibujar las reglas del agua con cambios que prometen un combate frontal a la corrupción… aunque en un país donde “el que tiene sed, agua busca”, será la aplicación real de estas medidas la que determine si esto es un parteaguas histórico o solo otro capítulo en la larga novela del control del recurso más disputado de México.
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