Aurelio Contreras Moreno
La “renuncia” –voluntariamente a… fuerza- de Verónica Hernández Giadáns a la Fiscalía General del Estado de Veracruz fue la reiteración de un ciclo de sometimiento institucional de un organismo que, en los hechos, nunca ha sido autónomo, pero que ahora vuelve a ser, formal y legalmente, supeditado al Ejecutivo local.
A diferencia de lo que sucedió en el caso de la Fiscalía General de la República, donde Alejandro Gertz Manero negoció su salida –también decidida desde el Ejecutivo, en ese caso federal- con amagos de soltar información comprometedora para el régimen si no le daban lo que pedía, en Veracruz la fiscal lo más que obtuvo fue la posibilidad de despedirse de sus colaboradores. Y nada más.
Claro, fue bastante en comparación con lo que recibieron sus antecesores. El duartista Luis Ángel Bravo Contreras fue coaccionado para que renunciara y aunque no opuso resistencia, el yunismo lo terminó encarcelando. Y qué decir del yunista Jorge Winckler, destituido irregularmente por el Congreso en 2019, en una auténtica asonada de la cual Hernández Giadáns fue la beneficiaria, fruto de la necesidad del recién llegado régimen morenista de contar con una Fiscalía dócil, obediente y funcional a sus intereses.
Desde entonces, la FGE se convirtió en un brazo ejecutor de persecuciones y venganzas políticas, tanto las de Cuitláhuac García como las del jefe real de la fiscal, el entonces poderoso secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros. Los expedientes se abrieron contra adversarios del régimen y hasta contra ciudadanos que se atrevían a expresar disenso, y se cerraron cuando se trataba de aliados.
Pero finalmente, la autonomía que por ley debía distinguir a la Fiscalía nunca existió. Lo que hubo fue una subordinación absoluta al Poder Ejecutivo disfrazada de institucionalidad, que nunca procuró justicia. La impunidad siguió siendo la regla, mientras la “justicia” se administraba con criterios políticos.
Hernández Giadáns se fue porque dejó de serle funcional al grupo morenista que gobierna actualmente. No lo era desde hace un año, cuando se conoció la intención de removerla y de acomodar la ley, en este caso la Constitución de Veracruz, al interés de Rocío Nahle. Pero por alguna razón se mantuvo doce meses más en el cargo.
Las condiciones en que se da el relevo y el marco legal en el que se encuadra es la aceptación explícita, descarada, de que la Fiscalía no es ni será autónoma ni independiente, sino un apéndice del Ejecutivo, y su titular tendrá que moverse al ritmo de las órdenes de la gobernadora, a quien le fue devuelta la facultad de nombrar y remover al fiscal, que pasa a ser uno más de sus subordinados, de sus empleados.
Lisbeth Aurelia Jiménez no representa en absoluto un cambio de rumbo, sino la continuidad del mismo esquema. Incluso en su origen político. Al igual que Hernández Giadáns, la nueva fiscal ingresó a las “grandes ligas” locales de la mano de Eric Cisneros, quien la colocó en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia el sexenio pasado, donde actuó con la misma lógica: poner la institución al servicio de las consignas que recibía de palacio de gobierno. Su actuación amenazando y persiguiendo jueces y magistrados para que “no se salieran del huacal” de los intereses políticos del morenato es su principal carta de presentación.
Su llegada a la Fiscalía es garantía de que la procuración de justicia seguirá siendo un instrumento de control político, ahora bajo las órdenes directas de Rocío Nahle. A lo que hay sumarle que ni siquiera cumple con los requisitos legales para ocupar el cargo.
De acuerdo con el artículo 8, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quienes hayan ocupado cargos de magistrado o juez no podrán, dentro de los dos años siguientes a su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en procesos ante órganos del Poder Judicial. La función del Fiscal General del Estado implica representar al gobierno en procesos judiciales.
Lisbeth Aurelia Jiménez era magistrada en funciones hasta el pasado domingo –solicitó licencia este lunes 8 de diciembre- y dejó la presidencia del Tribunal Superior de Justicia en septiembre. Estaría legalmente imposibilitada para asumir la titularidad de la Fiscalía.
Pero en México, se sabe de sobra, ya no hay ley que valga. Salvo la del “me vale madre la ley”.
El “romántico” acarreo
Lo que antes criticaban ácidamente como un inaceptable acto de abuso de poder y de lucro con las necesidades del “pueblo”, hoy desde el morenato desmemoriado lo pretenden romantizar como “organización ciudadana”, “operación política” y “apoyo popular”.
Siempre fue acarreo. Sigue siendo acarreo. Y es tan abominable hoy como antes. Pero la hipocresía y el descaro son la tendencia “transformadora”.
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X: @yeyocontreras
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