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Johnson acusa a la oposición de minar su fuerza negociadora en Bruselas

El único respiro del que pudo disfrutar este viernes Johnson se lo proporcionó un juez. Y solo fue un alivio temporal. Raymond Doherty, magistrado de los Tribunales Supremos de Escocia, rechazó bloquear temporalmente la suspensión del Parlamento, como le pedía un grupo de 75 diputados y lores. “No estoy convencido de que se haya logrado demostrar que existe la necesidad de una medida cautelar urgente en esta fase del procedimiento”, explicó. Pero a continuación fijó una vista con carácter casi inmediato, el próximo martes, sobre el fondo del asunto.

Ese mismo día, el Parlamento reanuda, por el breve plazo de una semana, su actividad. Pocos confían en que sea la Justicia la que frene a Johnson y dé la vuelta a una prerrogativa real, como es la orden de cerrar el periodo de sesiones de Westminster. Pero ningún tribunal se ha decidido, por el momento, a descartar sin más las demandas —se han presentado tres—, ante la conmoción y el escándalo que ha provocado el golpe de efecto del primer ministro.

El Alto Tribunal de Londres ha fijado su propia vista sobre el asunto para el próximo jueves. El recurso, en este caso, lo presentó la empresaria Gina Miller, quien ya logró una primera victoria judicial al obligar al Gobierno de Theresa May a someter al Parlamento la decisión de poner en marcha el proceso del Brexit. Y a la causa se han sumado pesos pesados como el ex primer ministro, John Major; el dirigente laborista, Tom Watson y la líder de los liberaldemócratas, Jo Swinson. Finalmente, el Alto Tribunal de Belfast (Irlanda del Norte) escuchará también la semana que viene argumentos en contra de la suspensión del Parlamento.

En este tercer caso, la demanda la presentó un representante de las víctimas del terrorismo, Raymond McCord. Alegan sus abogados que el propósito último de Johnson es propiciar una salida de la UE sin acuerdo. “Hay causas mucho más poderosas en Irlanda del Norte para dictar una medida cautelar que evite el cierre de Westminster”, defendió el viernes el equipo jurídico de McCord. “Porque un Brexit sin acuerdo provocará aquí una tormenta política”. Una salida a las bravas de la UE, temen muchos en esa región del Reino Unido, supondrá el establecimiento de nuevos controles fronterizos entre las dos Irlandas [la República de Irlanda pertenece a la UE] que volverán a agitar los nacionalismos de uno y otro lado. La propuesta de la Unión Europea elimina temporalmente esa frontera precisamente para respetar los acuerdos de 1998 que pusieron fin a décadas de enfrentamiento pero obliga, a cambio, a establecer controles entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido, lo que los tories más conservadores rechazan de plano.

Debilitar a la UE

Boris Johnson intentó en las últimas horas dar un aire de normalidad procedimental a su decisión de echar el cierre al Parlamento. Pero la ofensiva judicial, política y ciudadana que ha comenzado a construirse con urgencia le ha puesto en alerta y le ha obligado a responder. Y para ello ha elegido la técnica del ataque. “Me temo que cuanto más crean nuestros amigos y socios europeos que todavía puede evitarse el Brexit —de que el Parlamento puede lograr que el Reino Unido siga dentro de la UE—, menos dispuestos estarán a darnos el acuerdo que necesitamos”, dijo el viernes el primer ministro a Sky News en una “improvisada” entrevista.

Acusaba así a sus detractores de debilitar la posición negociadora del Gobierno en Bruselas, en un momento en el que, asegura (sin ninguna prueba que lo demuestre ni ninguna declaración que lo confirme), los Veintisiete han comenzado a mostrarse más flexibles. “La ciudadanía nunca perdonará a esta generación política si no honra la promesa que hizo. Le dijimos a la gente que saldríamos de la UE, y podemos hacerlo”, dijo Johnson, quien insistió en que habrá Brexit el 31 de octubre, la fecha límite de la actual prórroga, con o sin acuerdo.

Los grupos de la oposición, liderados por el laborista Jeremy Corbyn, se disponen a exprimir el breve plazo que se abre el próximo martes e impulsar en el Parlamento un debate de emergencia. Pretenden aprobar, contra reloj, una resolución con fuerza legal que obligue al Gobierno a pedir a Bruselas una nueva prórroga. E incluso, si es posible, revertir la decisión del cierre del periodo de sesiones, previsto a partir del 10 de septiembre. Junto a esa vía formal, un grupo de más de cincuenta diputados procedentes de los principales partidos han amenazado ya, en un texto público remitido al diario The Guardian, con constituir una “Cámara de los Comunes alternativa” para burlar la suspensión decidida por Johnson. “No podemos permitir que el Gobierno esquive el escrutinio debido en un momento de crisis nacional”, dicen. Este sábado, está prevista una gran manifestación de protesta ante el Parlamento de Westminster.

El País

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