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La OEA amenaza al Gobierno de Ortega con la expulsión de Nicaragua

Luis Almagro echa un pulso al Gobierno de Daniel Ortega. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha anunciado este jueves que pondrá en marcha el proceso para aplicar la Carta Democrática contra Nicaragua, que puede desembocar en la expulsión del país centroamericano del organismo. Se trata de una medida urgente para presionar a las autoridades nicaragüenses y que forzarlas a respetar la institucionalidad en una nación sumida en una profunda crisis política. La represión deja ya más de 325 muertos desde abril, cuando comenzaron las protestas contra Ortega. Almagro ha afirmado, además, que la OEA “buscará” la justicia internacional para que sean juzgados los responsables de los crímenes contra civiles.

En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA celebrada este jueves en Washington, el jefe del ente americano ha remarcado que se veía “obligado” a empezar el proceso de aplicación de ese documento jurídico continental, creado para preservar el orden institucional cuando en un país de la región se establezca que ha habido una ruptura en el orden constitucional. La expulsión de la organización tendría, para Nicaragua, importantes consecuencias políticas y económicas.

La aplicación de la Carta, sin embargo, requiere antes de algunas gestiones diplomáticas. El artículo 21 de dicho documento establece que “cuando la Asamblea General [el máximo órgano de la OEA], convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato”.

Para Almagro, las violaciones a los derechos humanos, la deriva autoritaria de Ortega, la expulsión de observadores internacionales de Nicaragua y la persecución contra la disidencia, exigen una respuesta contundente de parte de las naciones que conforman la OEA. “Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, porque la solución a la violación a los derechos humanos es un asunto de la región entera. La solución todavía es política y diplomática y contamos con los instrumentos normativos interamericanos para abordarla y que, para bien o para mal, los incluye a ustedes, a su Gobierno”, ha apuntado Almagro en un discurso marcado por la dureza en el trato hacia el presidente Ortega, a quien señaló de haber optado por el camino de la “dictadura”.

El secretario general ha agregado, además, que “el futuro de Nicaragua no puede ser uno con un Ortega dictador, qué bueno sería con un Ortega demócrata”. “Esto no es un juego político, se trata de la vida y derechos de los nicaragüenses. Al comenzar el camino para la Carta Democrática Interamericana se abre también un camino para que su Gobierno reconsidere sus acciones. La carta así lo prevé. Quisiera aferrarme a esa última esperanza”.

Presión diplomática

Almagro ha subrayado que se mantendrá la presión diplomática para que Ortega detenga la represión y negocie una salida pacífica a la crisis que atraviesa el país centroamericano. Y ha explicado, además, que la OEA presionará para reactivar el denominado “diálogo nacional”, suspendido por la cerrazón del Ejecutivo nicaragüense de acceder a reformas que permitan convocar a elecciones antes de 2021, cuando está previsto que finalice el mandato del sandinista. También solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que denuncie los crímenes cometidos por el Gobierno sandinista ante la Corte Interamericana, con sede en San José de Costa Rica, así como pedir al consejo permanente de la OEA que remita al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado la semana pasada, que señala al Gobierno de Ortega de haber cometido “crímenes de lesa humanidad” en Nicaragua.

Ese informe debió presentarse en Managua el pasado jueves, pero el Gobierno expulsó a los integrantes del GIEI, así como a una misión de la CIDH que investigaba las violaciones a los derechos humanos. El informe al final se presentó en Washington y fue repudiado por el Ejecutivo de Ortega. “De continuar cometiéndose crímenes de lesa humanidad solicitaremos a los Estados parte de la OEA a que los funcionarios nombrados como inductores en el informe del Grupo de Expertos sean detenidos y juzgados por dichos crímenes, activando así la justicia universal”, afirmó Almagro.

El Gobierno de Nicaragua rechazó las declaraciones de Almagro y a través de su embajador ante la OEA, Luis Alvarado, exigió la renuncia del uruguayo como secretario general. “Sus declaraciones lo descalifican de seguir ostentando el cargo”, dijo el diplomático, quien repitió el discurso oficial del régimen sandinista, que acusa a Estados Unidos de promover y financiar una “ofensiva golpista” contra el Gobierno y a la OEA de instigar “desestabilización y golpes de Estado”.

Nicaragua ha cumplido ocho meses de crisis política. Además de los centenares de muertos se registran al menos 500 presos, más de 2.000 heridos, 40.000 exiliados en Costa Rica y una profunda afectación a la economía que ha dejado tras de sí decenas de miles de desempleados. La última ofensiva del Gobierno ha sido contra el periodismo independiente, que ha incluido el asalto y posterior ocupación de la revista Confidencial y del canal 100% Noticias. El director de este último, Miguel Mora, y la jefa de información, Lucía Pineda, han sido arrestados y acusados ambos de incitar al odio y de delitos relacionados con el “terrorismo”.

La justicia, controlada por Ortega y su entorno, también emitió una orden de captura contra Luis Galeano, colaborador de la agencia Associated Press y director del programa Café con voz, que retransmitía 100% Noticias. Galeano anunció el miércoles que dejó Nicaragua “debido a la persecución que ha entablado la dictadura en contra de los medios de comunicación independientes, en contra de periodistas independientes”.

El País

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