Agendistas

Las mamacitas no aplican la ley

Jorge Fernández Menéndez

¿Se imagina usted a George Bush Jr. o a Barack Obama, pidiéndole a los terroristas de Al Qaeda que piensen en sus mamacitas y sean buenos y ya no maten gente?, ¿se imaginan a los fiscales de Patrick Crusius, el asesino del centro comercial de El Paso, pidiéndole al joven que ya no cometa masacres y se porte bien?, ¿se imagina lo que sienten los soldados, marinos y policías que son agredidos un día sí y otro, también, por grupos del crimen organizado sin poder defenderse, al escuchar al Presidente de la República, a su comandante en jefe, hacerle un exhorto a “todos los delincuentes” para que “se porten bien, a no hacerle daño a la sociedad, ni al prójimo…”?

Todo eso y más se dijo este fin de semana en Tula, Tamaulipas, en la entrada de la huasteca, en una de las zonas históricamente más inseguras del país, donde los grupos criminales han matado, secuestrado, violado, torturado, desmembrado a decenas de miles, donde cobran derecho de piso y si no les pagan, matan, donde la gente en muchas ocasiones no puede ni salir de sus casas.

Tula, Tamaulipas fue territorio en disputa entre los Zetas y el Cártel del Golfo y lo es aún de sus desprendimientos. Los mismos grupos criminales que fueron los primeros en utilizar la decapitación, el desmembramiento de cuerpos, la disolución de los cadáveres en ácido, el terror como método de control. Sin ellos hubiera sido imposible explicar la escalada de violencia que se dio desde 2004, y sobre todo desde 2006. Fueron esos grupos los que rompieron todas las reglas del propio narcotráfico y los que se lanzaron a una guerra contra los cárteles rivales como nunca se había visto en nuestro país.

Fueron los autores de la masacre de San Fernando, donde secuestraron, mataron y enterraron en una fosa común a 72 migrantes en Tamaulipas; los que, para vengarse de una supuesta traición de un integrante, atacaron con más de 60 sicarios la localidad de Allende, también en Tamaulipas, de donde ese personaje era originario.

La ocuparon todo un fin de semana, dejaron un número indefinido de muertos y desaparecidos (se habla de 300), entre ellas, veinte familiares del que consideraban traidor. Todos los cuerpos fueron destruidos, quemados. Arrasaron completamente 32 casas. Poco después, en Monterrey, como castigo por no pagar 150 mil pesos en derecho de piso, quemaron el Casino Royale. Allí murieron quemados, en un ataque similar hace dos semanas en Coatzacoalcos, 52 personas.

El sábado, el Presidente que ya en una visita anterior había insistido en que los grupos criminales “son pueblo y que no se ataca al pueblo”, les pidió a los criminales que están amenazando a los gasolineros con quemarles las gasolinerías si le cargan combustible a los transportes del Ejército, que recapaciten, permitan vender combustibles y que piensen en sus “mamacitas” para portarse bien.

Se ha dicho que fue una forma amable de hacerles una advertencia. No parecía, al contrario, parecía la continuación de una línea, refrendada en el Informe de Gobierno, de insistir en que se acabó la guerra, de que se avanza en la pacificación, de que el terrorismo, la violencia y la tortura eran un patrimonio exclusivo del propio Estado mexicano. Mientras tanto, el país sigue desangrándose, las tasas de homicidios, por actos violentos y ajustes de cuentas, superan ampliamente los 20 mil al mes (los más altos jamás registrados), y todos los delitos graves van al alza.

Cuando un paciente está enfermo, jamás podrá ser curado si el diagnóstico está equivocado. Y el diagnóstico del crimen y la violencia en nuestro país está radicalmente errado: el Presidente, insistimos, parece considerar a los grupos criminales como guerrillas u opositores políticos armados, a los que se puede apaciguar con posibilidades de trabajo, con la llegada de un nuevo régimen y una amnistía real o virtual, pero no entiende que estamos hablando de criminales desalmados a los que lo único que les interesa es su negocio y ganancias, que llevan décadas en una guerra que ellos mismos comenzaron y en la que se han valido de todos los actos de crueldad criminal imaginables.

Seguramente, hay que cambiar la estrategia de seguridad, se debe trabajar más en la inteligencia, en los golpes financieros al crimen y replantear el despliegue territorial de las fuerzas de seguridad, incluso en liberar a personas injustamente detenidas, pero no se recupera la seguridad ni se desarticulan bandas criminales pidiéndoles que se porten bien, o que piensen en sus mamacitas. Se trata, simplemente, de hacer cumplir el Estado de derecho y de castigar a los criminales.

Excélsior

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