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Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnología: una propuesta “inadecuada”

Eduardo Vázquez Reyes

En términos de política científica, actualmente se bloquea la generación del conocimiento con rigor científico, el florecimiento de fuerzas productivas y la independencia tecnológica del país, por lo que la Ley de Ciencia y Tecnología que rige a este tipo de prácticas dentro de la nación es inadecuada.

Este primer párrafo de la Palestra de esta semana esquematiza el argumento central o eje que subyace a la redacción de la iniciativa titulada Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnología, presentada por Ana Lilia Rivera Rivera, diputada del grupo parlamentario Morena en el Senado de la República. Con la misma, se pretende sustituir a la normatividad que hasta el momento existe: la Ley de Ciencia y Tecnología.

Las razones –premisas, usando el lenguaje de la lógica y la teoría de la argumentación− que conforman el razonamiento de la morenista indican que en la gestión científica de México existen escollos que limitan la agilidad para que en este país se genere, produzca y reproduzca el conocimiento en las diferentes áreas que componen la ciencia y la tecnología, sobre todo desde la pura brega y esfuerzo nacional.

En efecto, desde un enfoque administrativo y de gestión, la burocracia ha sido un lastre con el que la comunidad científica y tecnológica ha tenido que lidiar y llevar sobre las espaladas, si es que se quiere tener una presencia (publicaciones, realización de eventos, registro de productividad, etcétera) dentro de los criterios que en las instituciones se establecen para que los productos o resultados vean la luz, la luz del saber y su reconocimiento. Es verdad lo que asegura Rivera Rivera. Si entendemos “bloqueos” de forma administrativa, claro que estamos ante una certeza.

Sin embargo, la tesis que ella defiende, según la cual la actual ley en materia de ciencia y tecnología es inadecuada, no se desprende de las razones que constituyen su argumento central. Quizá faltan algunos matices, ciertas precisiones conceptuales y terminológicas. De hecho, en este intento de argumento correcto−que no es otra cosa que una falacia− son inadecuados ciertos elementos que conforman la actual ley, pero no necesariamente todos. No todo está mal. Hay otros rasgos de esta normatividad que han permitido el avance, en la medida de lo posible, de la ciencia y la tecnología.

Entonces, si no todos los elementos son inadecuados, ¿por qué pretender sustituir la ley actual y no solo limitarse o ceñirse a modificar, arreglar o eliminar esos rasgos que no funcionan? ¿Por qué no mejorarla? Si, desde un punto de vista contrario al mío, la diputada morenista tiene toda la razón y se considera que hay otros elementos que son inadecuados, lo que permite hacer esa especie de generalización y por tanto eliminar la ley inadecuada, tendrá que demostrarse con verdaderos argumentos por qué es así. Este es un punto que se debe discutir con rigor y no solo debatir o pseudodebatir. Así, del argumento que la representante del partido de “izquierda” nos presenta solo nos resta plasmar en estas líneas lo siguiente: es un buen conjunto de razones para una tesis, digámoslo con todas sus letras, inadecuada.

Pero esta iniciativa que nos ofrece no solo es imprecisa en cuestión de argumentación, sino también desde el mismo título. Pareciera que se quiere dar a entender que las humanidades no tienen lugar dentro de los criterios de cientificidad. El discurso tradicional y obsoleto se hace presente de nuevo y considera a las disciplinas humanistas como algo que no es ciencia y, por lo tanto, se debe incluir para darle un lugar ante ellas. Solo se indica el desconocimiento por parte de la diputada y de la misma María Elena Álvarez Buylla acerca del pluralismo científico y metodológico y de las mismas políticas internas que Conacyt ya tenía en administraciones pasados, como fundamentos de su quehacer procedimental.

La centralización de la política científica: ¿poder absoluto para Conacyt?

Desde que apareció la iniciativa del grupo parlamentario Morena, algunos integrantes de la comunidad científica han alzado la voz y su descontento e inconformidad con la misma. Consideran que con esta propuesta se intenta centralizar la gestión en ciencia y tecnología y de esta forma otorgarle el poder total a la directora de Conacyt y a Gobierno. Esta es una de las opiniones que Luis Herrera Estrella, investigador mexicano, emitió en días pasados. Como él, hay quienes sostienen que de darse la centralización desapareceránla voz y el voto, y por tanto la intervención en análisis y propuestas, del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el cual es uno de los órganos fundamentales cuando de discusión sobre  políticas en materia de ciencia y tecnología se trata.

Asimismo, las diferentes voces y opiniones científicas de México quedarían nulas, si se aprueba al final de cuentas la iniciativa. Tal pareciera que para el gobierno federal la ciencia, la tecnología, y más que nada, sus actores no son importantes para el diseño de políticas públicas. Se cree, erróneamente−o así lo han demostrado−que son los políticos quienes tienen el bagaje necesario para emprender normatividades al respecto de los problemas por los que atraviesa la práctica científica y que para nada es urgente ni apremiante el punto de vista de quien está en contacto con las eventualidades que surgen en la investigación.

Con todo, Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario Morena, afirmó que no se legislará sin escuchar lo que la comunidad académica tiene que decir. La ciencia y su progreso, según sostiene, es uno de los pilares importantes para el desarrollo social y de amplia relevancia para el gobierno. Pero curiosamente las palabras utilizadas fueron “se tomará en cuenta la opinión de la comunidad científica”. No obstante, tomar en cuenta la opinión no implica que sea considera pieza fundamental y sobre todo necesaria para determinar el curso de acción dentro de las políticas públicas.

Ante este clima de incertidumbre, divulgadores, instituciones académicas reconocidas y organizaciones civiles han hecho público su descontento, llegando hasta el extremo, en algunos casos, de pedir la renuncia de Álvarez Buylla. Una de las exigencias que han resaltado es que se realice una consulta pública para ver la viabilidad de esta iniciativa. Ha sido el colectivo En Defensa de la Ciencia MX, recientemente conformado, el organismo que desde hace días ha difundido esta petición. Sin lugar a dudas, esta inconsistente propuesta de ley debe, de ser democrática, escuchar a la comunidad científica, académica y estudiantil y, a la vez, evidenciar por qué sería un beneficio para el progreso social desde la ciencia el aprobarla y no, como parece, un retroceso, una ineludible involución.

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