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Mayores atribuciones a Fuerzas Armadas, “apuesta riesgosa”: CNDH

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez afirmó en el Senado que expandir la esfera de influencia de las fuerzas armadas, no solo al ámbito de la seguridad pública, sino al económico, al concederles potestad, como se ha llegado a anunciar, al margen de cualquier consideración o fundamento legal “para que asuman tareas de desarrollos inmobiliarios, constructores de obras públicas, exploten y beneficien de las actividades aeroportuarias del país, así como para adquirir bienes y contratar servicios, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherentes a las cuestiones de seguridad nacional, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil”.

El ombudsman nacional resaltó al participar en el segundo día de las audiencias publicas en materia de Guardia Nacional y derechos humanos que “si se les concede poder económico se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que en la practica, nuestras fuerzas armadas dejen de tener incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia renuncien a tales potestades a favor de la autoridad civil”.

González Pérez insistió que la Guardia Nacional “representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamos con una visión coyuntural y de corto plazo”.

El presidente de la CNDH subrayó que la iniciativa no incorpora elementos objetivos ni aporta evidencia que sustente el sentido de la misma. En su concepción actual detalló “la Guardia Nacional en el ámbito del combate a la criminalidad solo puede implicar disuasión o contención con efectos limitados y de corto plazo. Si no abordamos temas como la operación y autonomía de la Fiscalías Generales poco o nada se abonará al abatimiento de la impunidad”.

González Pérez subrayó ante los senadores: “La propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable. Genera el riego de que se vulneren derechos humanos, no garantiza en modo alguno ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita nuestra institucionaliad civil y democrática, además de contravenir sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir”.

El ombudsman advirtió que de aprobarse la reforma “se estarían desconociendo e incumpliendo con tales obligaciones, iniciándose con ello un proceso de alejamiento o ruptura de México con los sistemas internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, consecuencia que debe ponderar y dimensionar esta soberanía.

Como paso previo a la reforma que se propone el titular de la CNDH aseveró que el estado mexicano podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la compatibilidad de una institución como la Guardia Nacional con el régimen iberoamericano de derechos humanos.

La CNDH propuso el establecimiento inmediato de un grupo o panel de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva y concreta cuyas consideraciones aporten elementos para construir un esquema de seguridad pública, en el que aceptando y reconociendo la necesidad temporal de la participación de las fuerzas armadas en el ámbito de la seguridad pública, prevea una ruta para corregir las deficiencias así como para el desarrollo y fortalecimiento de las policias e instituciones civiles, tanto federales como locales y municipales, a efecto de que sean ellas quienes asuman la seguridad pública, contemplando un plan para el retorno gradual y verificable de las fuerzas armadas a las tareas que le son propias.

Esta estrategia, abundó, podría implicar la creación y consolidación de una fuerza de seguridad intermedia de carácter civil con disciplina y adiestramiento especializado que sea un elemento que coadyuve en el proceso de transición entre la intervención militar directa y el que las policías civiles recuperen las funciones que les corresponden.

La Jornada

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