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ONG: el sistema de justicia está en deuda con el país

El sistema de justicia está en deuda con México. Muchos jueces, magistrados y ministros no cuentan con legitimidad para defender sus altos ingresos mensuales debido a sus ineficaces actuaciones, a la falta de resultados en favor de la justicia y a las dificultades económicas que enfrenta el país, señalaron defensores de derechos humanos.

En una nación con 99 por ciento de impunidad y donde, de acuerdo con la Encuesta Nacional a Población Privada de Libertad realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 30 por ciento de las personas recluidas en las cárceles no ha sido sentenciada, se puede concluir que el sistema de justicia es ineficiente, coincidieron en señalar Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

No son las altas percepciones las que garantizan autonomía, independencia e incorruptibilidad para el Poder Judicial, sino sus actuaciones. Y muchas de éstas muestran que hay personas inocentes o presos políticos a quienes se ha condenado sin pruebas suficientes; con declaraciones obtenidas bajo tortura u otras violaciones al debido proceso; por presión de actores políticos, empresariales, particulares y hasta delincuenciales; por prejuicios o actos de racismo y corrupción, entre otras, dijeron.

La polémica suscitada por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República, la cual fue suspendida por un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad contra la norma, es un debate deseable que debe darse en el país con la finalidad de transparentar los resultados del servicio público, en particular del Poder Judicial, y las graves desigualdades que existen en el país, señaló Ríos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi, la mitad de los mexicanos, 61.3 millones de personas, tiene un ingreso por debajo del mínimo necesario para alcanzar la línea de bienestar social fijada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es grave que en un país con esas condiciones, un sector privilegiado del servicio público tenga sueldos millonarios.

En el informe sombra entregado por más de 200 organizaciones civiles en el contexto del Tercer Examen Periódico Universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se subraya que mediante el acompañamiento legal que han dado a cientos de casos, se ha demostrado que el sistema de procuración de justicia en México adolece de corrupción y colusión con grupos delincuenciales, además de ser burocrático, revictimizante, carente de autonomía y profesionalismo, y sin mecanismos adecuados de rendición de cuentas.

La Jornada

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