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Un pueblo maya contra un gigante ruso del níquel

Carlos Choc, de 36 años, camina siempre igual por su pueblo: el paso lento, chaleco de bolsillos de reportero y la modesta cámara al hombro. Sus amigos bromean con él diciendo que es un “producto exótico” de estas tierras porque es un “maya caribeño” que combina su origen q’eqchi con la piel color café de la costa Caribe de Guatemala. Choc es uno de los periodistas del municipio. Cubre protestas vecinales, cortes de agua, inauguraciones del alcalde, demandas de los indígenas o las visitas del gobernador a su pueblo, El Estor, un municipio del oriente guatemalteco de unos 15.000 habitantes. Y, por supuesto, también informa sobre todo lo relacionado con la mina de níquel, uno de los dolores de cabeza más grandes para el Gobierno del presidente Jimmy Morales.

Desde que la empresa Solway comenzó en 2012 a explotar la mina a cielo abierto, parte de la población se ha levantado contra la multinacional rusa con sede en Suiza para denunciar la contaminación del lago Izabal, daños a la salud, corrupción y el clima de terror que se ha extendido entre quienes se oponen a la mina: pescadores, periodistas, políticos de oposición y hasta el cura del pueblo.
Cientos de vecinos de El Estor se manifiestan casi cada semana en contra de una industria que da empleo a casi 3.000 personas, pero que ha abierto un enorme cráter en sus montañas y ha convertido el pueblo en lugar de paso para los 150 camiones que cada día salen cargados de la tierra roja en dirección a Puerto Barrios y de ahí a Ucrania. El conflicto, el más grave del departamento de Izabal, reconoce el gobernador Erik Bosbellí, ha cuestionado el modelo extractivo del país centroamericano, que tiene 64 minas similares que contribuyen con menos del 0,7% al PIB del país, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)

El Gobierno de Guatemala y los directivos de la empresa insisten en que se han realizado dos estudios del agua que señalan que no hay contaminación. Sin embargo, un trabajo conjunto como parte del proyecto Green Blood, realizado entre la BBC, Le Monde, Expreso, Prensa Comunitaria, The Guardian y EL PAÍS, tuvo acceso a un nuevo análisis encargado por la asociación gremial de pescadores y realizado en Alemania, que recoge altos niveles de contaminación en los canales de agua próximos a la mina. El equipo, coordinado por la organización francesa Forbidden Stories, constató el daño causado en lugares como Montúfar, otra zona de explotación, donde un derrame en la mina provocó que el agua del río se volviera completamente naranja el 10 de mayo, tal como pudo comprobar este equipo.

Las protestas de las comunidades mayas comenzaron hace dos años, en marzo de 2017, cuando una mancha roja comenzó a extenderse por el lago. La respuesta oficial, tras un estudio, fue que la mancha era producto de un alga que se reproducía velozmente en el agua.

Pero las manifestaciones continuaron y llegaron a su punto álgido el 27 de mayo de 2017, cuando los pobladores bloquearon los accesos al pueblo para evitar que salieran más camiones. La revuelta incluyó el asedio a la urbanización amurallada donde viven los cargos medios de la mina y sus familias. Cuando la policía intentó despejar la carretera empleó bombas de humo y disparos que terminaron con la vida del pescador Carlos Maaz, cuyo cuerpo quedó tirado en el asfalto. Ese mismo día ardió también la casa del alcalde y la comisaría de policía.

El único periodista que informó de todo aquello fue Carlos Choc, que publicó en su medio, Prensa Comunitaria, las fotos de los policías con armas en la mano abriendo fuego contra los manifestantes. A partir de ahí comenzó a recibir amenazas y un juez ordenó su detención y la de dos pescadores, acusados de ser los organizadores de las protestas. Desde entonces su vida se ha convertido en un calvario: casi no puede trabajar, debe firmar cada 30 días en un juzgado a dos horas de su casa, no puede salir del país y está a un paso de perder la custodia de sus dos hijos por tener un proceso judicial en marcha. “Han llegado extraños a disparar frente a mi casa”, señala Choc, quien atribuye el hostigamiento al equipo de seguridad de la mina, dirigido por un exmilitar. “Quieren que sepa que están ahí”, añade.

A ello se suma el extraño comportamiento del juez que ha suspendido nueve veces las audiencias sobre su caso. Incluso en la última, en enero de 2019, su abogado y el ministerio público, que representa a la mina, pidieron cerrar el caso por falta de pruebas. Sin embargo, el juez Edgar Aníbal Arteaga, del juzgado de primera estancia de Puerto Barrios, insistió en que Choc es un tipo peligroso y mantuvo las medidas cautelares.

“Hay un claro patrón de criminalización entre quienes se oponen a la mina y en el que están incluidos los jueces. Hay dos pescadores, Eduardo Bin y Cristóbal Pop, que están encarcelados por supuesto riesgo de fuga, acusados de delitos graves como asociación ilícita o asesinato que se aplica a violentos pandilleros y que podría enviarlos muchos años a la cárcel”, dice su abogado, Francisco Martin Vivar, que los defiende gratuitamente. “No tienen pruebas, pero han ido contra los líderes de los pescadores con muy poca rigurosidad. Como ni siquiera tienen fotos de ellos, las han sacado de su Facebook”, denuncia.

El estricto juez Arteaga fue conocido en todo el país cuando, en otro caso, dejó en libertad a dos narcos mexicanos detenidos junto a una avioneta estrellada en la que había un millón de dólares. Aunque estaban acusados de narcotráfico y blanqueo, el magistrado dedujo que no había riesgo de fuga y, por supuesto, nunca más se volvió a saber de ellos.

Ubicado al borde del Izabal, el lago más grande de Guatemala, El Estor es el tercer municipio en población del departamento del mismo nombre. Un paraje único, reserva de la biosfera, donde el poderoso verde contrasta con las imponentes chimeneas de Solway. Esa es la vista con la que se despierta cada mañana Dominga Chub, promotora de salud en la comunidad de Barrio Nuevo. Chub atiende las enfermedades más básicas de 600 campesinos que no se atreven a ir al médico porque ni siquiera hablan español. “Continuamente llegan niños con manchas en la piel, conjuntivitis o diarrea por beber agua”, explica en un austero consultorio de madera desde donde se divisa el lago.
Un estudio reciente obtenido por el equipo de Green Blood reveló que Amasurli, la compañía contratada por el Gobierno para el manejo sostenible de la cuenca de Izabal, llegó a la conclusión de que el lago estaba experimentando una “eutrofización”, o sea, el vertido excesivo de nutrientes al agua, lo que provoca el aumento de la vida vegetal.

Según este estudio, el año pasado el contenido en sales de nitrato en el agua era 54 veces superior y el de fosfato dos de los niveles considerados seguros. Los expertos consultados también llegaron a la conclusión de que los estudios realizados hasta ahora son inconsistentes. “Todos los resultados de los análisis existentes muestran una clara evidencia de los elementos característicos de las actividades mineras”, dijo Lucas Barreto Correa, un biólogo brasileño especializado en contaminación del agua. “Hay inconsistencias en las declaraciones oficiales y se necesita información gubernamental más consolidada con respecto a la contaminación en el lago”.
“Yo no soy doctor”, respondió el presidente de la minera, el ruso Dimitri Kurdiakov, cuando el equipo de Forbidden Stories le mostró las fotos de los niños con ronchas en la piel. “Y ustedes tampoco”, añadió. Según Kurdiakov, las posibles enfermedades se deben a la pobreza y las condiciones de higiene en las que viven. “Ustedes vieron las condiciones económicas que tienen. Están obligados a vivir en condiciones más humildes que un europeo promedio. No tienen oportunidad de ir a un médico, ni casas con duchas, ni plantas para purificar el agua. Son un montón de factores que obviamente influyen en la salud”, señaló.

“La población está dividida pero, en general, pocos quieren que se cierre la mina porque es la única fuente de trabajo. Lo que piden es que se paguen salarios justos, que contraten a más trabajadores locales o que el pueblo se pueda beneficiar con becas, instalaciones deportivas o un centro de salud, por ejemplo”, dice en su iglesia el padre Ernesto Rueda. “Quieren frenar la voracidad y el avance de la mina. Sin embargo, van ganando. La estrategia de criminalización de la empresa ha funcionado y ha impuesto el miedo a ser considerado un delincuente”, añade.

El País

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