Agendistas

Veracruz, en manos de la delincuencia

Jorge Fernández Menéndez

Lo ocurrido en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, donde un grupo criminal incendió el local y mató a 26 personas, es una tragedia en términos de seguridad pública, pero también es un desastre político, sobre todo para el gobernador Cuitláhuac García, quien parece que hace tiempo ha llegado a su principio de Peter, a un nivel de simple incompetencia. Pero lo de ayer es más grave aún.

A finales de abril, luego de la masacre de una familia en Minatitlán, una ciudad ubicada junto a Coatzacoalcos, decíamos aquí que “Cuitláhuac García gobierna desde hace ya casi ocho meses (ahora está por cumplir el año). Y su principal preocupación ha sido quitar al fiscal Jorge Winckler porque fue elegido durante la administración Yunes.

No lo ha logrado y entonces ha optado porque la fiscalía no participe en las reuniones de seguridad, y luego se queja de que no opera. Pero al mismo tiempo designó como secretario de Seguridad Pública a un personaje que había sido cesado de la fuerza civil de Nuevo León, acusado de corrupción y extorsión a comerciantes, no existe una verdadera coordinación con las fuerzas federales y el gobernador quién sabe qué estaba haciendo el día de la masacre” (se dedicó a tomarse fotos con una conocida actriz).

Ayer, el gobernador se presentó, luego del ataque en Coatzacoalcos, en la reunión de seguridad de Palacio Nacional e informó que ya tenía, en horas, identificado al autor del crimen y aseguró que la responsabilidad era del fiscal del estado, Jorge  Winckler, porque este personaje había sido detenido y liberado por la fiscalía estatal. Poco después, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hizo suya la versión. Pero resultó que no es verdad:
el presunto autor de ese crimen (nunca se explicó cómo se descubrió su identidad tan rápido) fue detenido por la policía naval en abril pasado, con unas 50 pastillas de la droga denominada cristal.

Los marinos lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República, pero la posesión de esa cantidad de droga no es considerada delito federal, sino local, narcomenudeo, y un juez local determinó su liberación. Nunca pasó por la fiscalía estatal. Algo similar volvió a suceder a principios de agosto.

Las fiscalías, la general de la República o la de Veracruz, son eso, fiscalías. Quien determina si alguien es procesado o no, y en qué condiciones, es un juez que, en ocasiones, puede ceder a la corrupción o a la coerción, pero que, también, para dictar sentencia depende de que la carpeta de investigación esté bien integrada.

Y también por coerción, por corrupción o por ignorancia, muchas veces se dejan huecos en la investigación que permiten la liberación de delincuentes.

En otras palabras, lo que afirmó el gobernador y le trasmitió al Presidente, que a su vez lo hizo suyo, no es verdad. El atentado de Coatzacoalcos es un crimen que no es responsabilidad de ninguna fiscalía, sino del abandono en que está la seguridad estatal. Y como decíamos en abril, una de las causas de fondo de ese desastre es el secretario de Seguridad Pública estatal.

Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad designado por García, fue destituido (junto con agentes de su círculo más cercano, 28 elementos) el primero de noviembre de 2016 como director del Centro de Operaciones Estratégicas (CEO) de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, de donde es originario, acusado de extorsionar a un empresario a quien le exigieron 300 mil pesos a cambio de dejarlo comercializar con diésel.

Pero había mucho más. Hugo Gutiérrez Maldonado y su equipo estaban acusados por un importante grupo de empresarios regiomontanos de chantaje, secuestros y narcomenudeo.

Era parte del equipo de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y lo había recomendado con el gobernador nada menos que otro de sus grandes amigos, Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit, actualmente preso y procesado en Estados Unidos, acusado de dirigir una banda del crimen organizado desde la propia fiscalía estatal.

El modo de operar es el mismo: chantajes, extorsiones, secuestros, narcomenudeo. Cómo pudo llegar un hombre acusado de esos delitos, denunciado por la iniciativa privada, a secretario de seguridad pública de un estado como Veracruz, es inexplicable.

A un año de gobierno no se le puede seguir echando la culpa al pasado, tampoco a un fiscal que, bueno o malo, sólo ocupa un muy restringido espacio de poder. Y lo más grave es que se mienta o se tergiverse la información y se embarque al Presidente en esa aventura.

Excélsior

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