México cierra la cortina: nueva ley permite al gobierno ocultar más información sobre seguridad

Con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el acceso ciudadano a datos clave sobre temas de seguridad se complica gravemente, advirtió este viernes la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Tras la desaparición oficial del INAI, la ley —publicada el pasado 21 de marzo en el Diario Oficial de la Federación— otorga a las y los titulares de instituciones como la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la facultad exclusiva para decidir si cierta información debe mantenerse en secreto, sin necesidad de consultar a sus Comités de Transparencia.

¿Quién podrá reservar información a discreción? Entre las instituciones con nuevo poder para clasificar información están:

  • El CNI

  • La Guardia Nacional y Policía Federal Ministerial

  • La Agencia de Investigación Criminal

  • El Estado Mayor de la Defensa y la Armada

  • Las fiscalías dedicadas a crimen organizado y delitos financieros

  • La Unidad de Inteligencia Financiera

“Esto elimina un contrapeso vital en la gestión de la información pública, y abre la puerta a decisiones arbitrarias, donde ya no hay quien cuestione si se está ocultando algo que el pueblo debería saber”, denunció MUCD.

¿Qué más cambia con esta ley?

  • Se abroga la Ley de Transparencia de 2016.

  • Se crea una nueva autoridad para sustituir al INAI, aún sin rostro definido.

  • Se amplía el catálogo de instituciones obligadas a generar información pública.

  • Se redefinen los mecanismos de acceso a la información, pero con menos garantías para la ciudadanía.

Menos transparencia, más poder opaco El gobierno afirma que estas reformas buscan “armonizar” la legislación, pero organizaciones como MUCD alertan que, en realidad, fortalecen el hermetismo oficial, sobre todo en áreas sensibles como seguridad, inteligencia y combate al crimen.

 “Estamos frente a una regresión peligrosa. El nuevo modelo concentra demasiado poder en manos de funcionarios sin contrapesos reales”, concluyó la organización.

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