Una sentencia contra periodistas que expusieron casos de nepotismo en Veracruz ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y ARTICLE 19 denunciaron que el fallo contra Ángel Camarillo, Isabel Ortega y Radio Teocelo por presunta violencia política de género no es más que acoso judicial disfrazado de legalidad.
Todo comenzó en 2021, cuando los reporteros publicaron una investigación señalando vínculos familiares entre candidatas y funcionarios en al menos 10 municipios veracruzanos, incluyendo a una aspirante a la alcaldía de Teocelo, hija del alcalde en funciones. La nota, de interés público, les ha costado caro: deberán pagar una multa, eliminar el contenido, pedir disculpas públicas e inscribirse en el Registro Nacional de Personas Sancionadas.
Para ARTICLE 19, este caso muestra cómo se está tergiversando el espíritu de la ley de violencia política de género, pensada para proteger a las mujeres en riesgo, no para blindar a figuras públicas de la crítica. “Es un castigo por tocar intereses políticos locales”, advirtió el abogado Jorge Ruiz del Ángel, quien señaló que no se acreditó daño real ni contenido sexista en el reportaje.
El fenómeno no es aislado. Según el informe Barreras informativas 2024 de ARTICLE 19, más del 28% de los casos de acoso judicial contra periodistas involucran acusaciones manipuladas de violencia de género, una tendencia preocupante que mina la libertad de prensa en México.
“Están usando las leyes para callar a quienes informan. Es censura disfrazada de justicia”, denunció Jan-Albert Hootsen del CPJ.
El caso pone sobre la mesa una pregunta urgente: ¿quién protege al periodismo cuando la ley se convierte en arma política?
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