El gran desafío que enfrenta hoy el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es dar resultados palpables, planteó el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedro Salazar Ugarte.
En entrevista dijo: “Una vez que ya existe y ha venido construyendo su identidad y que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) ha venido edificando el Plan Nacional Anticorrupción y vinculándose con la ciudadanía, a través de organizaciones de la sociedad civil, lo que tiene que hacer es dar el siguiente paso, que es la integración de las piezas que faltan y con el nuevo contexto político-administrativo dar un paso adelante decidido hacia la resolución de casos y la solución palpable de resultados.
“Yo creo que el gran reto es consolidarlo y que empiece a dar resultados palpables para que la ciudadanía podamos constatar el sentido de la creación de este sistema”, indicó.
El también integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA expuso que, dado que la construcción de instituciones es compleja, debemos de ser pacientes en su funcionamiento.
Destacó que son fundamentales los nombramientos que quedan pendientes para integrar el Comité Coordinador de manera completa: el fiscal anticorrupción y los magistrados especializados, así como los jueces administrativos especializados en la materia.
Una vez que ocurra eso y se integre lo que no se ha integrado, vamos a tener las condiciones para que el SNA funcione a plenitud, abundó el investigador.
Desde su perspectiva, dado que el sistema no está completo, no podemos juzgar su desempeño.
Mencionó que lo relevante es que el Sistema Nacional Anticorrupción existe y que las diferentes instancias que lo conforman han venido integrándose paulatinamente y han venido consolidando su identidad institucional al cabo de un par de años, lo cual no es menor porque construir instituciones lleva su tiempo.
Recalcó que lo importante es que esas instituciones encuentren sus dinámicas de trabajo y den resultados favorables, “lo cual lleva siempre un tiempo”.
Desde esa perspectiva podemos ser optimistas de la existencia de un sistema que antes no estaba en el escenario jurídico mexicano y ahora, además, va a ser objeto de una importante renovación en varias de las instancias que lo componen.
Concretamente dijo que la nueva titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, tendrá una función muy relevante a la par de personas que ya forman parte del sistema y que siguen en él, como el titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo, entre otros.
Sistemas estatales avanzan a manchas de leopardo, subraya
Por otra parte, dijo que, en el caso de los sistemas estatales anticorrupción, existe un gran reto.
Como nos sucede con frecuencia en el federalismo mexicano, este tipo de instituciones se desarrollan a manchas de leopardo, es decir hay lugares en los cuales, dadas las condiciones políticas, dado el tejido social existente y dada la presencia de organizaciones de la sociedad civil y demás, funciona mejor y más pronto la creación de estas instituciones.
En tanto, añadió, hay otros lugares que tienen rezagos sociales y políticos y suelen tener más problema para integrar este tipo de instituciones.
El funcionario de la UNAM dijo que ahora que va a haber renovación en muchos de los gobiernos estatales, luego de las elecciones del 1 de julio pasado, tenemos una ventana de oportunidad para que los nuevos gobiernos y las nuevas instituciones renovadas, en coordinación con la ciudadanía y con las organizaciones académicas de cada entidad federativa puedan reforzar los sistemas locales.
Salazar Ugarte recalcó que los sistemas estatales son fundamentales porque de lo que se trata es de tener un sistema nacional anticorrupción que debe de articularse entre el Comité de Participación Ciudadana nacional y los comités de participación ciudadana locales.
El Economista
