Víctor Andrade Guevara
La disputa por las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia en Veracruz entre el gobierno de MORENA y sus aliados fidelistas-duartistas y el PAN hegemonizado por la familia Yunes, se ha convertido en una lucha estratégica donde se ventilan grandes intereses.
Cuando se reformó la constitución local para otorgarle autonomía a lo que antes era la Procuraduría General de Justicia y convertirla en una Fiscalía General, Javier Duarte, gracias al control que ejercía sobre el congreso, logró imponer a Luis Ángel Bravo Contreras como fiscal, tratando de cubrirse las espaldas para tapar su escandalosa corrupción.
Al ganar las elecciones el Partido Acción Nacional en 2016, el gobernador Miguel Ángel Yunes supo maniobrar para obligar a renunciar a Bravo Contreras e imponer a alguien afín a su grupo político, el fiscal actualmente “suspendido” Jorge Winckler, quien tenía ante sí una tarea enorme: denunciar al anterior gobernador y su equipo de saqueadores por el enorme fraude cometido a las finanzas púbicas, así como por otros delitos en los que habían incurrido, entre ellos, la complicidad en delitos extremadamente graves como la desaparición forzada.
El fiscal suspendido enfrentó el reto y no es mérito menor que, respaldado por el anterior gobierno, del que nunca fue autónomo, denunciara y detuviera a varios funcionarios que merecidamente pisaron la cárcel aunque fuera por un breve tiempo. El problema fue que los procesos no siempre estuvieron caracterizados por una correcta integración de las carpetas de investigación ni por el respeto al debido proceso, usando, al parecer, métodos ilegales para obtener pruebas o lograr confesiones de los imputados, además de no atender con eficiencia delitos de alto impacto como el feminicidio o los secuestros. La fiscalía fue usada para apuntalar la candidatura del hijo del exgobernador, desvirtuando de esa manera una causa justa.
La popularidad de Lopez Obrador y la alianza tejida con las redes duartistas, y fidelistas permitieron a MORENA ganar el gobierno de Veracruz, generándose una significativa divergencia de intereses entre los grupos ganadores y el fiscal, ya que estaba en juego la continuidad de las denuncias en contra de los funcionarios exduartistas a quienes, una vez entrando en funciones el nuevo gobierno fueron liberando paulatinamente.
La incapacidad para operar la salida del fiscal suspendido, así como el agravamiento de la crisis de la inseguridad y la violencia en Veracruz, que reflejan la falta de pericia política y la ausencia de una estrategia del gobierno actual para enfrentar la inseguridad polarizaron aún más los ánimos, sobe todo ante eventos tan graves como las masacres en Minatitlán y Coatzacoalcos, con graves implicaciones que debieron generar algunas renuncias.
Algo muy fuerte estaba por suceder, que obligó al gobierno estatal, apoyado por el federal, a acelerar la salida de Winckler.
El problema es que MORENA y sus aliados duartistas están incurriendo en lo que hicieron los anteriores gobernadores, en colocar en la fiscalía a alguien incondicional y –en este caso- con una total inexperiencia en la procuración de justicia, que sigue alimentando el círculo vicioso de la falta de acceso a la justicia, ya que será también usada políticamente y, al parecer, para favorecer la liberación de Javier Duarte y su equipo.
La única salida responsable a un conflicto de estas dimensiones, si es que se quiere en serio acabar con la crisis de seguridad que vive Veracruz, es designar a un(a) fiscal verdaderamente autónomo y competente, con carrera judicial, y capacidad política, comprometido con el derecho de acceso a la justicia. Lo mismo vale para la designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y el próximo titular del ORFIS.
