Iván Flores/Miguel Székely
A la memoria de Rodolfo Tuirán
Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), es uno de los programas emblemáticos de la presente administración. Como tal, ha sido ampliamente criticado desde distintas perspectivas (véase por ejemplo el reciente estudio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad).1
Cuando se anunció su lanzamiento, uno de los temores fue que constituía una transferencia de recursos a una población objetivo de 2.3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan —la meta del primer año era incorporar a un millón— que pudiera ser usada con fines electorales más que con objetivos de desarrollo personal y de empleabilidad.
Un dato reciente que paradójicamente puede atemperar estas preocupaciones es que el programa no ha logrado “reclutar” al número de jóvenes que esperaba desde un inicio. De hecho, a finales de julio se anunció el cierre de inscripciones con un registro de 900 mil becarios (esta cifra es cuestionable como lo ha manifestado MCCI). Sorprende aún más que el cierre de inscripciones se dé en un entorno de disponibilidad presupuestal, subejercicio de recursos por parte del programa en sus primeros meses, y la existencia de prácticamente 370 mil vacantes disponibles. La justificación de esto es que, desde sus inicios, el programa estuvo sobredimensionado, ya que no existe la “masa crítica” de jóvenes que no estudian ni trabajan (JNET) a la que se pretendía llegar con un esquema de este tipo.
De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el año 2018 —que fue cuando se diseñó el programa— la población de jóvenes de 18 a 29 años (rango de edad que considera el programa JCF) ascendía a 24.2 millones; de este grupo, 5.8 millones de jóvenes (24.1%), incluyendo a 4.8 millones de mujeres y un millón de hombres, no estudian ni trabajan.
Siguiendo la clasificación oficial del INEGI,2 este grupo puede a su vez dividirse en dos grandes categorías. Por un lado está la población económicamente activa (PEA) conformada por la población que no trabajaba pero se encontraba buscando trabajo (población desocupada). Por otro lado está la población no económicamente activa (PNEA) conformada por el resto de la población de este grupo de edad. En este último rango se clasifica a los que no trabajaban cuando fueron entrevistados pero que tampoco buscaban trabajo.
La PNEA puede clasificarse a su vez en dos subcategorías. En primer lugar están aquellos que a pesar de no estar buscando trabajar estarían dispuestos a hacerlo si se presentaran las circunstancias indicadas (población disponible); en segundo lugar está la población que no lo considera, y no está dispuesta a incorporarse al mercado laboral (población no disponible).
La distribución de los JNET se presenta en la gráfica. En el panel izquierdo se aprecia que alrededor de tres cuartas partes de los 5.8 millones iniciales no están disponibles para trabajar, lo que significa que la gran mayoría de los JNET (4.3 millones) no tiene planeado ni desea incorporarse a actividades laborales, al menos en el corto plazo. La mayoría son mujeres que manifiestan no estar disponibles debido a que desempeñan trabajos del hogar —generalmente cuidando a niños, adultos mayores u otros integrantes—, han formado una pareja o simplemente no tienen interés por el momento.
Por otro lado, se observa que 12.3% no busca trabajo pero podría tener un empleo bajo ciertas condiciones (población disponible), y el 13.5% busca trabajo activamente (población desocupada).
Este último grupo de jóvenes desocupados, que se encuentra en la categoría de no estudiar y no trabajar probablemente de manera más transitoria que los dos anteriores, es el grupo objetivo natural para incorporarse al programa. El problema es que asciende a 783 mil jóvenes, y no a los 2.3 millones considerados en el diseño original. De los jóvenes restantes puede prácticamente descartarse a los 4.3 millones que representan a la población no disponible por lo que, en el mejor de los casos, quedarían 713 mil jóvenes que no pertenecen a la población económicamente activa pero que potencialmente se podrían atraer dado que están “disponibles”. Es decir, en el mejor de los casos, se tiene un total de 1.5 millones de jóvenes.
El cuadro 1 presenta un desglose por género y nivel educativo de estos 1.5 millones de jóvenes que, en un escenario optimista, podría pensarse que se interesarían en el programa.
Puede observarse que, de este número, 273 mil 714 cuentan con educación superior. De acuerdo a la misma ENOE, el salario promedio en el mercado laboral de los trabajadores con licenciatura completa es de entre seis mil 446 y nueve mil 843 pesos mensuales en diferentes segmentos de edad entre los 18 y los 29 años (ver cuadro 2), lo cual es entre 80% y 273% mayor a los tres mil 600 pesos mensuales que ofrece el programa. Esto hace poco probable que este segmento de jóvenes tenga interés por la oferta de JCF. Lo anterior se corrobora con los datos oficiales publicados en la página de la STPS, que indican que alrededor del 17% del total de participantes ha asistido en algún momento a la universidad (aunque no necesariamente completaron el nivel).
De hecho, el monto de la beca de tres mil 600 pesos mensuales es inferior al salario promedio en el caso de todos los niveles educativos y grupos de edad, que va de cuatro mil 30 pesos mensuales en promedio para los jóvenes de 26 a 29 años sin escolaridad, hasta nueve mil 843 pesos mensuales para los jóvenes de la misma edad, pero con licenciatura completa. Para el grupo mayoritario de participantes en el programa, que de acuerdo a la STPS son jóvenes con preparatoria, la beca representa entre 57% y 72% de lo que están obteniendo sus pares en el mercado laboral. Esto sugiere que la posibilidad de atraer con el monto definido de beca al grupo de “población disponible” que no está buscando empleo es limitada.
En suma, datos básicos que se esperaría hubieran sido utilizados para diseñar y dimensionar Jóvenes Construyendo el Futuro indican que la meta de cubrir a 2.3 millones de JNET es, de entrada, poco realista. En el mejor de los casos, tomando a los desocupados de la PEA y a la población disponible, ambos en la categoría de no estudiar ni trabajar, el total asciende a 1.5 millones de jóvenes, pero habría que preguntar si para los que cuentan con licenciatura completa y para los que no se encuentran buscando trabajo, un ingreso de tres mil 600 pesos podría ser atractivo para inscribirse a un programa de capacitación.
Podría argumentarse que este tipo de ingreso sí podría ser atractivo en zonas rurales y marginadas del país. Sin embargo, el programa condiciona la participación de los jóvenes a recibir su capacitación en centros de trabajo que, según los lineamientos, deben contar con Registro Federal de Contribuyentes, Acta Constitutiva Notariada, Convenio Marco, y Plan de Capacitación (a las personas físicas no se les exige contar con Acta Constitutiva), lo cual es un impedimento importante para su expansión en este tipo de contextos.
Algunas preguntas básicas que se desprenden de esto son: ¿de dónde saldrán los millones de jóvenes que serían elegibles para participar en el programa los siguientes cinco años? Con los 900 mil ya incorporados según cifras oficiales, en el mejor de los casos quedarían por incorporar alrededor de 600 mil el año entrante. ¿Y después? ¿Regresará a la categoría de becario el grupo inicial? ¿Reincorporarán al programa a los siguientes 600 mil para que JCF pueda seguir vigente a partir de 2021?
Jóvenes Construyendo el Futuro parece ser un programa que requiere de un rediseño estructural, además de la urgencia de despejar las dudas que existen sobre su operación. La buena noticia es que aún está a tiempo de reformularse a fondo para convertirse en una opción real para los 1.5 millones de jóvenes que podrían aprovecharlo.
Nexos
