Aunque el Gobierno federal cada que puede, presume sanciones en contra del ex delegado en Jalisco, Carlos Lomelí, por haber incurrido en faltas administrativas “graves”, lo cierto es que Laboratorios Solfrán, una sus empresas, eludió la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) y ganó contratos por hasta 128.6 millones de pesos durante la compra consolidada de medicamentos que en diciembre pasado realizó la Secretaría de Hacienda.
Tras conseguir por parte de una Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) la suspensión en contra de la inhabilitación impuesta el 13 de septiembre de 2019 por la SFP para obtener contratos en la Administración Pública Federal por un periodo de dos años seis meses, además de una multa de 1 millón 51 mil pesos, en la compra consolidada de medicamentos, Hacienda adjudicó a Laboratorios Solfrán cuatro partidas por un monto mínimo de 51.4 millones de pesos y máximo de 128.6 millones de pesos para proveer electrolitos orales en polvo y solución, aluminio y magnesio en solución, así como cinitaprida en comprimido.
Lo anterior, gracias a que la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval se desistió de presentar pruebas para preservar la inhabilitación hasta en tanto no se resolviera el fondo del asunto.
Según el boletín que el 13 de septiembre emitió la SFP, la sanción contra Laboratorios Solfrán y Lomedic, también propiedad de Lomelí, fue porque falsearon información al negar la existencia de vínculos con algún servidor público.
Se presume que en 13 años, Lomelí tejió una red de empresas, la mayoría de ellas vinculadas al sector farmacéutico, que le habían permitido obtener contratos por 7 mil millones de pesos con gobiernos estatales y el federal.
El 12 de julio Lomelí renunció al cargo de delegado en Jalisco de la Secretaría del Bienestar.
Justo ayer, integrantes de la 4T presumieron el avance de México en el Índice de Corrupción que elabora Transparencia Internacional, en el que brincó ocho posiciones.
Y en ese contexto, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, atribuyó una “falta administrativa grave” al ex delegado federal de Jalisco y recordó que se tienen siete líneas de investigación a empresas vinculadas al ex funcionario.
Desde septiembre pasado, Lomelí presumió amparos contra la prohibición de la Función Pública.
“Pronto se darán cuenta de que no procedió, ni siquiera soy parte del acta constitutiva (de una de las empresas inhabilitadas). Era un apoderado legal y en su momento les haremos llegar el otorgamiento de los amparos que ya fueron dados a las empresas.
“Las empresas van a poder seguir trabajando pero era importante que todo esto se transparentara y se pusiera a disposición de los ciudadanos para que se viera que era una verdadera calumnia generada e impulsada”, declaró durante la presentación del Primer Informe de diputados federales por Jalisco.
El Mañanero
