El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó la información de 43 empresas, conocidas como factureras, que ayudaron a defraudar al fisco por un monto de 55,125 millones de pesos en el sexenio pasado.
Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), detalló que en el 2017 se evadieron 24,583 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), 11,396 millones por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), 19,146 millones por retención de ISR en nómina.
“Muchas de estas empresas contrataban, aparentemente, personas que hacían servicios de honorarios, por lo que les pagaban y les retenían el ISR pero nunca se pagó. En total dejaron de entrar al SAT 55,125 millones de pesos”, agregó en conferencia de prensa en Palacio Nacional.
Explicó que es muy difícil recuperar recursos por concepto de IVA e ISR, debido a que estas empresas son fantasma, por lo que irán por el ISR por concepto de nómina.
“Lo que se puede recuperar más fácil son los 19,000 millones de pesos (…) lo que vamos a hacer es que vamos a enviar cartas a todos los contribuyentes a través del buzón tributario invitándoles a que se regularicen y se acerquen porque muchos de estos contribuyentes participaron con estas empresas y fueron, digamos, engañados de alguna manera diciéndoles que eso era normal”, refirió.
Agregó que en este fraude fiscal están involucrados 8,212 contribuyentes, tanto personas físicas como morales, que adquirieron comprobantes fiscales de estas empresas, los cuales amparaban operaciones inexistentes.
Buenrostro destacó que fue desde el 2010 cuando las llamadas factureras comenzaron a crecer en el país de manera exponencial y los principales sectores en los que se observaba este problema eran temas del comercio a mayoreo, menudeo, construcción y manufactura.
“A medida que pasa el tiempo nos hemos dado cuenta, estos son datos a finales del 2019, que la tendencia es que se va al área de servicios por qué, porque los servicios son más difíciles de comprobar, sí es más difícil después de 10 años, si un edificio se pintó cuatro o cinco veces o si se le dio mantenimiento a un coche cuatro o 10 veces”, dijo.
La funcionaria indicó que a estos contribuyentes involucrados se les enviará una carta, vía buzón tributario o notificación personal, para invitarlos a regularizar su situación y cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales. En caso de que el contribuyente no cumpla, se le dará aviso a la Procuraduría Fiscal.
“En primer lugar, vamos a atacar al que vende facturas, al que constituye empresas. Se van a presentar siete querellas contra los principales grupos de factureras para tratar de cuadrar los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero con delincuencia organizada”, declaró por su parte Carlos Romero Aranda, procurador fiscal.
Agregó que a los contribuyentes involucrados se les dará hasta tres meses para regularizar su situación ante el SAT y, de no hacerlo, se presentarán querellas contra de ellos.
“Se acabó la fiesta, las factureras ya no pueden seguir. Todos tenemos que pagar impuestos y cumplir con nuestras obligaciones fiscales”, dijo al señalar que en el sexenio pasado no se hacían las investigaciones debidas contra estas empresas.
