Jorge Fernández Menéndez
Se suele decir que el presidente López Obrador es un hombre bienintencionado y que lo que falla es la operación de sus políticas. No dudo de las buenas intenciones presidenciales, pero hay que recordar que, como decía don Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo, y la operación de las políticas públicas suele ser la expresión llevada a la realidad de intangibles tan difíciles de aprehender como son las intenciones.
Por ejemplo, ¿necesitamos una reforma electoral? Sin duda, es necesaria. Necesitamos una reforma que revise y corrija casi todo, comenzando por el financiamiento a los partidos: no tiene sentido que, por ejemplo, este año los partidos reciban más de 5 mil millones de pesos, cuando no hay elecciones y estamos hablando sólo de prerrogativas federales. Es necesario revisar no sólo el dinero que reciben los partidos, sino todo el mecanismo de financiamiento electoral.
Necesitamos revisar la imposibilidad que tienen partidos, organizaciones civiles y ciudadanos de recurrir a la publicidad para difundir su punto de vista: hoy, ese enorme caudal de publicidad en tiempos oficiales (que representa un costo de miles de millones de pesos para las empresas de comunicación) es un desperdicio sin sentido. Además, su propia distribución distorsiona la competencia electoral y son espacios y recursos de los que ni siquiera disponen los partidos en sí: sólo están al alcance de sus dirigencias y a veces ni siquiera de ellas, apenas de ciertos liderazgos.
Necesitamos mejorar la eficiencia electoral, recurriendo, cada vez que sea posible, por ejemplo, al voto electrónico, aunque los últimos comicios en Estados Unidos nos recuerdan que ello no despeja las controversias. Necesitamos revisar el número de diputados y senadores, pero hay que hacerlo para acentuar la proporcionalidad y el pluralismo. Un ejemplo: ¿es necesaria hoy la cláusula de gobernabilidad?, ¿debemos darle más peso a los legisladores uninominales, ganadores de su distrito, con la legitimidad y las distorsiones que ello implica, o a los que llegan por vía proporcional, que reflejan mejor el equilibrio real de poderes? Y en ese proceso necesitamos también revisar los órganos electorales y su composición, desde el número de sus integrantes hasta la forma de elegirlos.
Pero definitivamente no necesitamos una reforma electoral para que gobiernos o partidos se deshagan de funcionarios electorales simplemente porque no les gustan sus decisiones. Son los propios partidos los que han hecho las normas y lo mínimo que se les pediría es que las cumplan en lugar de descalificar, a priori y de acuerdo al sentido de su votación, a los árbitros.
¿Necesitamos un sistema público de salud que abarque a toda la población que lo demande? Definitivamente sí. Pero no necesitábamos desaparecer de un plumazo el Seguro Popular para reemplazarlo por otra institución, el Insabi, que no tenía, al iniciar su gestión, ni normas de operación aprobadas. ¿Necesitábamos romper con actos de corrupción en la compra de medicinas? Por supuesto que sí, pero no necesitábamos que, para hacerlo, se rompieran las cadenas de comercialización, abasto, distribución y, en el camino, el sistema nacional de vacunación, con la consecuencia de que millones de personas se queden sin atención y/o sin medicinas.
¿Necesitamos la reorganización de las estructuras militares y de seguridad?, ¿necesitamos la creación de la Guardia Nacional y su adscripción a la Sedena? Se pueden tener concepciones diferentes sobre el tema, pero estoy convencido de que sí, que todo ello es necesario, por lo menos para adecuarlo legal y orgánicamente a la realidad que vivimos. Lo que no necesitamos es una estrategia de seguridad que prioriza la contención y, con ello, aumenta el empoderamiento criminal. El Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y, en este ámbito, sobre todo la Guardia Nacional, son grandes instrumentos, bien construidos y sólidos, que no pueden terminar demeritados por la falta de una estrategia adecuada.
¿Necesitamos un sistema de justicia eficiente que rompa con la corrupción y que sirva por igual a quien sea, más allá de su capacidad económica? Sin duda, y para eso hay que fortalecer a sus organismos centrales, para que, desde allí, se puedan hacer, con autonomía e independencia, las reformas necesarias. Lo que no necesitamos es descalificarlos en forma generalizada o querer mejorar la justicia por encima de la ley. ¿Necesitamos combatir frontalmente la pobreza? Por supuesto, es nuestra mayor carencia social, nuestro mayor rezago, sería insensato no reconocerlo. Ahí debe ir buena parte de los recursos públicos. Pero no necesitamos que los programas de combate a la pobreza tengan sello personal o partidario y menos aún que se manejen con poca pulcritud.
¿Necesitamos regresar lo más rápidamente posible a clases presenciales y reactivar de una vez por todas la economía? Es innegable, el rezago que ha sufrido la educación en estos casi 18 meses sin clases es enorme y tiene ya un altísimo costo social. El confinamiento ha afectado a niñas y niños, desde la socialización hasta la violencia intrafamiliar. Pero no necesitamos que las autoridades federales y locales no se pongan de acuerdo en los protocolos mínimos, que se regrese a clases en escuelas vandalizadas y sin las condiciones mínimas que se exigirían, con o sin pandemia. Intenciones y operación. Forma y fondo.
Excélsior
