Fueron tres horas intensas. Durante ese tiempo, la exempleada de Facebook Frances Haugen dio detalles ante el Congreso de Estados Unidos sobre las cuestionadas prácticas del gigante de las redes sociales para maximizar la interacción en sus plataformas. “Los altos ejecutivos saben cómo hacer más seguros Facebook e Instagram, pero no hacen cambios porque ponen sus inmensos beneficios por encima de la gente”, sentenció a comienzos de octubre tras aportar como prueba miles de documentos internos. La filtración se ha convertido en uno de los mayores golpes para la compañía que fundó Mark Zuckerberg en 2004 y ha reavivado el debate sobre cómo controlar a las grandes tecnológicas, que han amasado un poder económico y una influencia social sin precedentes. El dilema de cómo hacerlo lleva años planeando sobre los despachos de los reguladores tanto en Estados Unidos como en Europa. Y no hay, al menos de momento, ninguna solución fácil a la vista.
La posibilidad de trocear a estos gigantes —Facebook, Google, Amazon, Microsoft y Apple facturaron el año pasado entre las cinco un billón de dólares— está sobre la mesa desde que la excandidata presidencial demócrata Elizabeth Warren prometiera hacerlo si ganaba las elecciones en 2020. Pero no logró llegar a la Casa Blanca, y esta opción ha ido perdiendo fuerza en Washington. Los republicanos y demócratas sí coinciden en revisar la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que garantiza inmunidad a las plataformas digitales ante posibles demandas por los contenidos que difunden. “Las redes sociales son en la actualidad la mayor fuente de diatribas antivacunas y desinformación sobre la salud”, alerta Michael Cusumano, profesor de la Sloan School of Management del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). “Las compañías se resisten a tocar mucho los contenidos porque eso les puede convertir en una especie de editores en lugar de plataformas neutrales, lo que puede afectar a la protección que les da la ley”, explica.
La clase política norteamericana también coincide en la necesidad de una mayor regulación, como reforzar las exigencias de privacidad y una protección especial para niños. El problema es definir los detalles. “Demócratas y republicanos están de acuerdo en que hay que limitar el poder de las grandes tecnológicas. Lo que acabe saliendo se tendrá que ver, pero seguro que se toca la regulación”, subraya Sheera Frenkel, periodista de The New York Times y coautora del libro Manipulados, en el que se narran los últimos y convulsos años de la red social. “Nunca se ha puesto tanto esfuerzo en Washington como ahora en desmantelar Facebook”, dice.
La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en enero pasado precipitó una serie de nombramientos clave que allanan el camino a un intervencionismo mayor de lo habitual de las instituciones. Entre ellos, el de la académica Lina Khan, que se dio a conocer por un artículo publicado en 2017 en el que argumentaba cómo aplicar las normas antimonopolio contra Amazon, como una de las cinco personas con asiento en el consejo de la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés), que desde ese momento tuvo mayoría demócrata.
En el caso de Facebook, los profesores Tim Wu, nombrado por Biden asesor de la Oficina de la Casa Blanca en Competencia, y Scott Hemphill, vieron la integración de Instagram y WhatsApp como una estratagema para eludir acciones antimonopolio. Zuckerberg podría alegar que disociar sus redes sociales ya no era posible, igual que no lo es separar los huevos de una tortilla cuando ya está hecha. Para Wu y Hemphill, nada diferente a lo que hizo en su momento la Standard Oil, que forjó su monopolio con la adquisición de más de 40 empresas. En 2019, Facebook llevaba ya 70.
¿Es descabellado pensar que se vaya a trocear a una empresa tan consolidada y grande como Meta, o el resto de las grandes? ¿O, en su defecto, que se les aplique medidas para fragmentar su negocio? Existen precedentes de ello, incluso en el propio sector tecnológico. Microsoft dominaba en los años noventa el mercado de los sistemas operativos y del hardware. Cuando se popularizó internet, decidió incluir en el paquete su explorador, Explorer, lo que le dio una envidiable posición de control del mercado. Ese dominio disparó el caso contra ellos. “El daño al consumidor, que es la vara de medir que tiene la FTC para aplicar la ley antitrust [contra el monopolio], se articula en tres pilares: precio, calidad e innovación. Y para Microsoft, como ahora para las grandes tecnológicas, la parte de precio lo tienen sencillo porque es gratis”, señala Marelisa Blanco, del despacho de abogados Akme. “Sin embargo, las autoridades decidieron al final que sí se estaba dando un abuso de poder del mercado al favorecer sus productos y evitar la entrada de nuevos competidores”.
Los intentos por poner límites a las grandes tecnológicas también están siendo complicados en la UE. Hace un año, la Comisión Europea anunció un paquete para regular el sector, pero todavía no ha sido aprobado por el Parlamento Europeo. Se trata de la Ley de Servicios Digitales, que fija la responsabilidad de las plataformas en caso de que se publiquen contenidos ilegales, y la Ley de Mercados Digitales, diseñada para facilitar la libre competencia en las plataformas.
La gran cantidad de dinero que destinan las grandes tecnológicas en lobbies [grupos de presión] es una muestra de lo muy conscientes que son del peligro que corre su negocio si los reguladores se ponen duros. Google, Amazon, Microsoft, Facebook y Apple gastaron en ello más de 19 millones de euros en 2019, según declararon en el registro de transparencia de la UE y recogió Integrity Watch. Esa cantidad duplica la invertida por los siete principales fabricantes de coches en Europa.
A la espera de posibles nuevas regulaciones, ya ha habido algún golpe. Google tiene el dudoso honor de haber recibido la mayor multa jamás impuesta a una tecnológica: 4.340 millones de euros. La sanción, impuesta por la Comisión en 2018 al considerar que Alphabet usó su sistema operativo Android para limitar la competencia de sus rivales en el mercado de la telefonía móvil, fue recurrida por la compañía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Otra de las grandes tecnológicas bajo escrutinio de Bruselas es Amazon. La vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager, anunció a finales del año pasado que el departamento de Competencia había abierto una nueva investigación contra la compañía que fundó Jeff Bezos por prácticas comerciales vinculadas a su programa premium que podrían constituir un abuso de su posición dominante en el mercado.
El País
