Salvador García Soto
El asesinato ayer, de dos balazos, del empresario tamaulipeco Sergio Carmona Angulo en la ciudad de Monterrey, es un hecho de violencia que salpica la sucesión estatal en Tamaulipas y alcanza lo mismo al partido Morena, a cuyos candidatos había financiado Carmona en las pasadas elecciones federales, como también a importantes personajes del gobierno panista de Tamaulipas, con quienes el empresario tuvo una cercana relación política y de negocios.
Carmona Angulo estaba sentado la tarde de ayer en el sillón de un peluquero, en la residencial Colonia del Valle del municipio de San Pedro Garza-García, cuando dos sujetos armados entraron y descargaron sus armas en contra del empresario originario de Reynosa, quien quedó muerto en el lugar con dos impactos de bala en la cabeza. Los empleados y clientes del establecimiento ubicado en la confluencia de las calles de Río Manzanares y Río Rosas, solo se tiraron al piso y, tras la huida de los sicarios, llamaron al 911 para reportar la ejecución.
Junto con su hermano Julio Carmona Angulo, Sergio era un conocido empresario tamaulipeco que tenía una empresa constructora con la cual realizaba obras tanto para el municipio de Reynosa, como para el gobierno estatal de Tamaulipas y para varios municipios importantes del estado. Se le vinculaba especialmente con el actual secretario de Gobierno y aspirante a la gubernatura César Verástegui Ostos “El Truco”.
A pesar de que su crecimiento se dio con gobiernos del PAN, para los que realizaba obras de infraestructura como caminos, hospitales y carreteras, en las pasadas elecciones federales, Carmona se había acercado a políticos de Morena y habría financiado y apoyado a varios de sus candidatos en las elecciones municipales y del Congreso local.
Los hermanos Carmona apoyaron la campaña de Carlos Peña Ortiz, actual alcalde morenista de Reynosa e hijo de la expanista y ahora aspirante de Morena a la gubernatura, Maki Ortiz. También financiaron candidatos morenistas en Nuevo Laredo y Tampico, entre otras campañas. Por esa razón se acercó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y a figuras como el senador Américo Villarreal. El vínculo entre Sergio Carmona Angulo y las cúpulas nacionales y locales de Morena en Tamaulipas era su amigo, el diputado Erasmo González.
Pero antes de volverse financiero de candidatos morenistas, Carmona Angulo tuvo relación y también financiamiento con políticos del PAN en Tamaulipas. De acuerdo con testigos cercanos al empresario, hace cerca de dos meses Sergio había contactado a “autoridades de los Estados Unidos” para ofrecerles información sobre temas de “corrupción en el gobierno tamaulipeco”. En un par de reuniones que sostuvo con un funcionario no identificado de una agencia estadunidense, en una ciudad texana, el empresario habría revelado que “él fue socio de un alto funcionario de la administración estatal de Tamaulipas” que lo terminó traicionando al no cumplir con los pagos de un contrato para la construcción de un hospital público en el estado.
Ante esa “traición”, Sergio Carmona se acercó a Morena como una forma de cobrar venganza de sus antiguos socios del PAN y había decidido apoyar al partido gobernante a nivel federal para que se hiciera del control político de la entidad tamaulipeca. “Yo perdí muchos millones por los incumplimientos y traiciones de los panistas, pero ahora voy a gastar el doble con tal de verlos perder el estado”, solía decir en corto a sus amigos el empresario que ayer fue brutalmente asesinado en Monterrey.
De acuerdo con información de medios y portales tamaulipecos, al momento de su muerte, Carmona Angulo tenía una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas por el delito de lavado de dinero, tráfico de combustible ilegal y financiamiento ilícito a candidatos de partidos políticos. La orden de aprehensión se había librado en su contra y la de su esposa, Perla Sharaza McDonald Sánchez y su hermano Julio César Carmona Angulo.
El asesinato del empresario Sergio Carmona ocurre justo cuando se calienta la lucha por la sucesión estatal de Tamaulipas, en donde encuestas publicadas ayer le dan ventaja de 41% a Morena, contra 28% del PAN. Justo cuando la dirigencia nacional de Morena emitió el pasado 9 de noviembre la convocatoria para elegir a su candidato al gobierno estatal a través de una encuesta que medirá la aceptación de los candidatos, entre los que puntea justamente el senador Américo Villarreal y figura también la expanista Maki Ortiz, mientras que por el PAN, de acuerdo con fuentes de la dirigencia nacional panista, los dos “finalistas” en la lucha por la nominación blanquiazul a la gubernatura son precisamente César “El Truco” Verástegui y el alcalde de Tampico, Jesús Nader.
Si aún no arrancan las campañas, bueno ni siquiera hay candidatos postulados y la lucha política por Tamaulipas ya se ve salpicada de asesinatos violentos, la pregunta es ¿qué va a pasar cuando llegue la hora de las votaciones? ¿Será que volveremos a ver el rostro descarnado de la violencia política en la entidad norteña en donde ya fue asesinado brutalmente un candidato a gobernador, el priista Rodolfo Cantú Torre, en 2010?
NOTAS INDISCRETAS… De qué tamaño habrá sido el coraje presidencial tras las revelaciones de la existencia de los contratos millonarios adjudicados por la Secretaría de la Defensa a empresas fantasma para las obras del Aeropuerto Felipe Ángeles, que anoche se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, el decreto por el que el presidente López Obrador clasifica como “de interés público y seguridad nacional” todas las obras de infraestructura realizadas durante su gobierno, lo que significa que, a partir de ahora, ningún ciudadano ni organización civil podrá solicitar ni tener acceso a información de gastos, contratos y demás detalles de cualquiera de las obras públicas de infraestructura realizadas por este gobierno, lo que incluye por supuesto al mencionado Aeropuerto de Santa Lucía, al polémico y cuestionado Tren Maya y a la no menos cuestionada Refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. Ni esas ni cualquier otra obra pública importante construida con recursos federales estará obligada a dar información, vía solicitudes de transparencia y del INAI, a los ciudadanos mexicanos que por ley y por la Constitución tienen derecho a saber cómo se gastan los recursos públicos que administra el gobierno. La clasificación de “reserva por razones de seguridad nacional” hasta ahora había sido utilizada por este y otros gobiernos en México para ocultar y dejar en la opacidad expedientes políticos y gastos importantes, pero nunca, como ahora lo decreta López Obrador, se había generalizado ni aplicado a “todas las obras de infraestructura” realizadas a nivel federal en sectores como comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y “aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”. De ese tamaño el entripado presidencial porque le balconearon las irregularidades de una de sus obras prioritarias. Y de ese tamaño también la opacidad y nula rendición de cuentas del gobierno que se dice “el adalid contra la corrupción” y que asegura ya haber erradicado las prácticas corruptas del gobierno. ¿Esconder información pública sobre el gasto de los recursos públicos no es también una forma de corrupción?… Agitamos los dados. Sigue la Serpiente.
El Universal
