Analistas del sector energético advirtieron que la decisión del legislativo para aprobar la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora dependerá completamente de factores políticos, como la revocación de mandato, lo que podría definir el voto de la oposición hacia el cambio constitucional, mientras se avanza hacia el incumplimiento de las metas ambientales del país y se mantiene paralizado el crecimiento que el sector energético necesita para que la economía nacional vuelva por lo menos a los niveles previos a la pandemia.
En el primer encuentro del 2022 de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), los expertos que participaron en los foros del Congreso con una postura en contra de la reforma eléctrica, reiteraron el jueves que la reforma con la que se busca dar preponderancia en toda la cadena de valor a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) va en contra de las necesidades predominantes del país: energía suficiente, limpia y barata, pero que el ejercicio de discusión en la cámara de diputados funcionó para que la población bajara su aprobación de 60% a 40% de la reforma, lo que obstruye su aprobación en el corto plazo.
Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), consideró que en el actual entorno, la oposición a la reforma se ha mantenido firme, al igual que los partidos que la apoyan, pero la obtención de votos favorables por los que no expusieron su postura: particularmente el PRI, ya no es tan evidente y dado que los opositores originales, como PAN y PRD no tienen suficiente fuerza política para plantear su propia iniciativa, deberán esperar a las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que este año podría estar más pendiente del proceso de revocación de mandato.
En tanto, la falta de inversiones en transmisión eléctrica, permiten pronosticar que el próximo año habrá apagones en el país ya que los proyectos de la CFE tardarán por lo menos tres años en materializarse y la inversión privada está detenida en espera de definiciones legales.
A la vez, con una generación de 29% de energía limpia el año pasado se ha llegado al límite de crecimiento en este sentido impulsado por las subastas de largo plazo y se volverá imposible llegar a la meta de 35% de energía limpia al 2024, aseguró.
En tanto, Rosanety Barrios, analista independiente de temas energéticos, explicó a los industriales que prácticamente se ha frenado la instalación de nueva cogeneración con la negativa de permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
En tanto, la red de transmisión ha crecido un 0.1% a lo largo de la presente administración, por lo que una forma de negociación en la situación de parálisis mientras se aprueban o rechazan los cambios constitucionales sería el planteamiento de inversión público privada en esta actividad, reservada al gobierno pero que puede subcontratar a operadores especializados.
La especialista consideró que mientras se toman decisiones de carácter político, y no técnico, hay acciones que no requieren ningún cambio constitucional como la revisión del esquema tarifario del mercado eléctrico mayorista que ya opera pero la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no ha revisado, así como los lineamientos de código de red e incluso un esquema de incentivos para que los generadores de autoabasto migren al nuevo esquema mayorista del 2013.
“Destrabar la maraña en la que se metió el gobierno será complicado, mientras la humanidad pasa por una crisis grave energética, por lo que las oportunidades de acuerdos ahí están, de un cese al fuego que depende de decisiones pragmáticas y no dogmáticas para el futuro energético de los mexicanos”, aseguró.
El Economista
