Héctor De Mauleón
“Se han traspasado las fronteras de lo impensable, ya que la delincuencia no solo asesina a hombres, mujeres o jóvenes, también mata a niños inocentes sin el menor recato, lo mismo en la calle que en el interior de una iglesia”, denunció la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, María de la Luz Domínguez, al presentar hace unos días el informe final de su gestión.
Hace unos días, Kaleb, un bebé de tres años de edad, fue alcanzado por una bala perdida en el templo de Guadalupe, en Fresnillo, Zacatecas.
Varias personas se encontraban aquel día dentro del templo. Un par de sicarios a bordo de una moto llegaron al lugar, buscando a una persona a la que iban a asesinar, y que se había refugiado en el templo.
Los sicarios abrieron fuego. Las imágenes del pequeño abatido por las balas desataron una inmensa indignación, en medio de una espiral de violencia que a lo largo de siete días había dejado un alud de cuerpos desmembrados en Zacatecas.
A esa nueva oleada de crímenes la acompañaron balaceras en diversas colonias de Fresnillo, así como el incendio de varios vehículos.
Mensajes abandonados por el crimen organizado anunciaron la llegada de una etapa de “terror” en la entidad.
En un informe cargado de valentía ―que contrasta con la anodina tibieza, o aún peor, con la complicidad mostrada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en estas horas trágicas para México dirige, no sé si decir que por desgracia, aunque evidentemente se trata de una desgracia, Rosario Piedra Ibarra―, la presidenta de la comisión estatal de Zacatecas presentó un informe demoledor sobre lo que está ocurriendo en ese estado.
“No se guardó nada”, señaló EL UNIVERSAL en su edición de ayer y “le dio una buena raspada al gobierno de David Monreal Ávila”.
Era cierto. María de la Luz Domínguez delineó en su informe el paisaje que hoy tiene a Zacatecas entre los tres estados más peligrosos de México, con una tasa de 13.97 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Según el informe, en 2021 se cometieron en la entidad 1,618 homicidios dolosos. Solo en los primeros cinco meses de 2022 han asesinado a 389 personas.
A esto se suman las cifras monstruosas de desaparición en el estado: 2, 898 casos, de los cuales 800 se registraron el año pasado: van 246 en los primeros meses de 2022.
“No se puede cerrar los ojos a esta problemática, ni aparentar desde la esfera gubernamental que las desapariciones no ocurren cuando miles de familias sufren un profundo dolor, angustia, zozobra, desesperación e impotencia por no localizar a su ser querido y ver las ineficiencias institucionales”, señala la funcionaria en su último informe.
Según organismos defensores de derechos humanos, solo en los primeros tres meses de 2022, 18 municipios zacatecanos quedaron casi abandonados por el control que ejerce en ellos el crimen organizado.
Más de diez mil personas se han desplazado masivamente de sus lugares de origen ―Jerez, Valparaíso, Fresnillo, Monte Escobedo, entre otros―, huyendo de la violencia que el Cártel Jalisco y el Cártel del Pacífico, con su criminal constelación de grupos aliados, han desatado en la entidad, donde más del 94 por ciento de los habitantes admitieron sentirse presas de la violencia cotidiana, especialmente en Fresnillo y la capital del estado, según el último estudio realizado por el Inegi.
En esos sitios asolados por el crimen, miles de personas han abandonado “casas, tierras, animales, trabajos, familiares y amigos”.
En el estado impera una sensación de miedo y desamparo y no existen programas integrales de atención a las víctimas de desplazamiento forzado interno por razones de seguridad.
No hay nada que atienda, proteja, estabilice socioeconómicamente a la población afectada, según el informe de Domínguez.
El documento subraya la violencia creciente contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Desglosa el contenido de 200 recomendaciones, a centros penitenciarios por el fallecimiento de internos en riñas y presuntos suicidios; a la policía estatal, por casos de desaparición forzada; a la fiscalía estatal, por violaciones al derecho de acceso a la justicia.
A las autoridades estatales, por abusos policiacos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza pública, afectaciones a la integridad y muerte de personas en separos preventivos municipales.
Actuaciones que, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 del Inegi, han llevado a que 73.3% de la población tenga desconfianza en sus policías.
El informe de la presidenta de la comisión estatal es un llamado de atención para no cerrar los ojos ante la tragedia que atenaza la vida diaria de los zacatecanos. Es también un recordatorio de lo importante que resulta un organismo autónomo, independiente, imparcial y profesional. Todo lo que no tenemos: lo que hemos perdido en la comisión que preside la señora Piedra.
El Universal
