Jorge Fernández Menéndez
Pocas veces se ha visto una operación política tan desaseada como el llamado plan B electoral del gobierno federal. Un proyecto con cambios a más de 450 artículos de diferentes leyes, con ordenamientos legales nuevos, que alteran seriamente (debilitándola) la institucionalidad electoral del país, evidentemente redactado y pensado en forma apresurada e improvisada, se presentó a votación sin pasar por comisiones y se hizo votar en el pleno sin que los diputados conocieran siquiera su contenido.
Cuando lo conocieron los del Verde y el PT en el bloque oficialista descubrieron que ellos también salían damnificados y una revisión superficial de lo votado verificó lo que ya sabíamos, que numerosos capítulos de esa reforma legal son inconstitucionales.
Me imagino que gobernar Puebla debe ser una ambición muy válida y legítima, pero en lugar de acercarse a esa posibilidad el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, operó en forma tan lamentable que le hizo perder legitimidad, incluso entre los suyos.
Paradójicamente ahora la iniciativa está en manos del Senado, donde Ricardo Monreal decidió darle un trámite legislativo relativamente serio a la iniciativa votada en Diputados, asumiendo, primero, que hay que hacer cambios porque hay inconstitucionalidades manifiestas y luego que el tema, si sale como fue presentado, es literalmente un desastre político, más aún con los cambios planteados de última hora para no afectar al Partido Verde y al PT.
El deseo del Ejecutivo federal es que, a más tardar el jueves, cuando concluya el periodo ordinario, estas reformas estén aprobadas. Si hubiera un poco de sensatez se tendría que asumir que reformas de este tipo, que afectan al conjunto del sistema electoral, debilitan a las instituciones y dividen a las fuerzas políticas, al tiempo que polarizan a la población, no pueden aprobarse sin pasar mínimamente por una profunda discusión.
Monreal ha logrado acuerdos importantes en el Senado con la mayoría de las iniciativas que ha enviado el presidente López Obrador, sobre todo en la primera mitad de su administración, pero desde las elecciones de 2021 los esfuerzos presidenciales han sido cada vez más polarizadores y unilaterales, y ha sido casi imposible conciliar iniciativas que, de por sí, nacieron para ser aprobadas sólo por los suyos, no para ser negociadas con la oposición.
Y eso se da además en medio de un proceso de sucesión adelantada que en Palacio Nacional parece que no han comprendido el daño que le hace al país y a su propio proyecto. Mier jugó como un soldado que obedece órdenes, pero Monreal, después de todo lo sucedido con sus aspiraciones presidenciales, no puede hacer lo mismo.
Menos aun cuando el proceso de sucesión adelantada parece estar siendo jugado con cartas tan marcadas. La autonomía que pueda mostrar Monreal, el apoyo que tiene entre un grupo de senadores e incluso de diputados, el interés que muestran algunos, varios, sectores de la oposición por su hipotética candidatura, más allá de los números que exhiban las encuestas de Morena, son un capital político que no puede dilapidar, pero que tiene tiempo y espacio para ser jugado, no es ilimitado ni intemporal.
Lo mismo sucede con el canciller Marcelo Ebrard, quien en su caso debe lidiar con los despropósitos y errores presidenciales en política exterior, como el apoyo a Pedro Castillo, el depuesto expresidente de Perú, y las contradicciones cotidianas sobre la supuesta política de no intervención.
Pero, incluso así, Marcelo tiene espacios que puede aprovechar con mayor holgura: una demostración de ello fue la construcción de una estructura propia en los 300 distritos electorales del país, o la propuesta de realizar debates entre los precandidatos presidenciales de Morena, algo que también apoyó Monreal.
El tema aquí también es el tiempo y el espacio: lo lógico sería dejar las leyes electorales en paz, salvo, si fuera necesario, cambios menores, que los aspirantes dejen sus cargos públicos y que organicen, sin recursos ni espacios públicos, sus precampañas o como las quieran llamar, incluyendo, por supuesto, sus debates.
No va a ocurrir así, porque el empeño no es ése ni pasa por allí, al contrario. Entonces, tanto para Ricardo como para Marcelo, los tiempos se acortan y la toma de decisiones, también. ¿Implica ello que tengan que renunciar a sus cargos o a sus precandidaturas ya, en los próximos días o semanas? No, implica que deben asumir definiciones sobre lo que son o lo que no son, dentro o fuera de Morena. Y eso, en buena medida, se definirá por las posiciones que se adopten en estos días y horas sobre el plan B y las reformas electorales.
Zacatecas
No entiendo. El presidente López Obrador dice que la situación de seguridad en Zacatecas está mejorando porque él no es Felipe Calderón. Esto último es evidente, pero Zacatecas en términos de seguridad es un desastre, que ha crecido en forma constante en los últimos cuatro años, durante esta administración, un desastre en donde se asesina a generales, jueces, se bloquean autopistas, se toman penales y 90 por ciento de la población vive insegura. ¿Qué se puede presumir sobre seguridad en Zacatecas?
Excélsior
