Adriana Del Valle
Ah, pero qué tal, no se niegan a ejercer el financiamiento público que tienen destinado para sus campañas, financiamiento que se conforma del recurso que aporta la ciudadanía, misma que posee el derecho a escuchar la capacidad y el conocimiento que tienen los candidatos que aspiran a ser sus representantes, respecto de temas que son de interés público.
Desde el momento que alguien acepta candidatearse a algún cargo de elección popular, sabe a lo que se enfrenta, y es lamentable que por desidia coarten el derecho ciudadano de este ejercicio democrático que es un derecho de acceso a la información y de participación ciudadana que debiera ser garantizado para los electores, dado que hay candidaturas que no se sabe ni quiénes son, y están participando en la contienda electoral a un cargo de elección popular, solo erogando recursos que en su caso mejor deberían destinarse para instalar colectores pluviales, al tratamiento de aguas residuales o a cualquier otro tipo de servicio que sí beneficie a la sociedad.
En los reglamentos de debates entre candidatas y candidatos a cargos de elección popular, no existe amonestación en caso de inasistencia, pero por otra parte al no presentarse los candidatos, se niega a los electores y a los medios de comunicación el generar opinión pública mediante la difusión de la información que pudiera ser vertida en estos, además de que es contradictorio siendo que nuestra Constitución señala en su artículo 41 fracción II que los recursos que se destinan a los partidos políticos son tendientes a la obtención del voto, pero cómo se pretende que obtengan el voto estos candidatos si no se someten a un previo escrutinio público. Cómo es posible hablar de democratización, cuando los mismos partidos políticos no incentivan las buenas prácticas de sus candidatos y/o candidatas de asistencia a los debates que organizan las instituciones electorales y a proporcionar a la sociedad las herramientas necesarias para emitir un voto informado con conocimiento de las propuestas y programas que pretenden implementar en cada caso, aunado a que por inasistencia de algunos candidatos, no se logre reunir el número de participantes requerido, negando el derecho de participar a quienes sí tienen la intención de presentar a la sociedad sus propuestas.
De la misma forma, es incongruente que algunos de Consejos Generales de los Organismos Electorales, al aprobar las metodologías para realizar los debates del proceso electoral 2023-2024, señalen la obligatoriedad de la asistencia por parte de los candidatos, sin que se puedan establecer sanciones o amonestaciones para quienes no se presenten, puesto que hasta este momento no se ha legislado que la asistencia de los candidatos a los debates tenga fuerza vinculatoria, por lo que hasta el día de hoy no existen sanciones por inasistencia a este ejercicio.
Así nuestra “democracia”.
