Salvador García Soto
Desde las cúpulas del Poder Judicial de la Federación, un pleito que comenzó en 2019, con la llegada de Arturo Zaldívar a la Presidencia de la Suprema Corte, que fue creciendo durante los cuatro años de su gestión y que escaló con el relevo de Norma Piña como titular del Poder Judicial en enero de 2023, acaba de saltar a los medios y la opinión pública con las denuncias que se hicieron públicas en contra del ex ministro presidente, hoy vocero de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, acusado e investigado, a partir de una “denuncia anónima”, por violaciones graves a la independencia y autonomía de los jueces.
Aunque Zaldívar ya salió a los medios a defenderse y negar las acusaciones que atribuye a una “venganza política” de su sucesora y a que se intenta frenar la Reforma al Poder Judicial o el llamado “Plan C”, cuya redacción y elaboración él coordina dentro de la campaña de Sheinbaum, en la Presidencia de la Corte parecen decididos a hacer avanzar las investigaciones que ya están en manos de la Unidad General de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas, a cargo de Herbert Torres Coello, que le reporta directamente a la ministra Piña y que abrió una carpeta de investigación con el número J/108/2024 a partir de un “escrito presentado de manera anónima” y del cual, según el funcionario judicial, se derivan “conductas que pudieran constituir causa de responsabilidad administrativa”.
Los señalamientos en contra del expresidente de la Corte, dice el documento, se refieren a “vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”, y acusan que Zaldívar “ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”.
La lista de jueces y magistrados que según la denuncia anónima fueron presionados, chantajeados o extorsionados, abarca 65 nombres de juzgadores y se afirma en dicho documento que para eso fueron utilizadas áreas sustantivas del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, como la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, a cargo del magistrado Jaime Santana Turral; la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, desde donde, afirma el denunciante anónimo, se amenazaba e intimidaba a los jueces para que accedieran a manipular sus fallos en los asuntos que se les pedían.
Si bien el que se trate de una “denuncia anónima” ha sido descalificado no sólo por el señalado Zaldívar Lelo de Larrea, sino también por otros juristas y especialistas que cuestionan lo inédito de un procedimiento como el que instruyó personalmente la ministra presidenta Piña, las acusaciones contendidas en el documento que circuló profusamente desde la tarde del pasado jueves y que reprodujeron varios diarios y portales de internet, alcanzan también al exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, a quien se acusa de “confabularse con el exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales”.
Se afirma en la citada investigación que el exoperador jurídico y político del presidente López Obrador “exigía a alguna de las partes (particular o gobierno) trabajar directamente con algún despacho, especialmente “Rivera-Gaxiola y Asociados” o a la Defensoría Pública Federal, donde Netzaí Sandoval Ballesteros facilitaba todo el proceso y se designaba un asesor o defensor a modo” y que Scherer acudía a los órganos jurisdiccionales a presionar a los titulares -señala- con anuencia del entonces Ministro Presidente, y mencionan casos del Sexto Tribunal Colegiado Civil de la Ciudad de México, donde “presionó al magistrado Ismael Hernández con cambio de adscripción para que recibiera a los abogados de alguna de las partes (no menciona tocar ni juicio ni las partes), al juez Alejandro Dzib y la jueza Concepción Argumosa para gestionar actuaciones en concursos mercantiles, y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, 2021, donde presionó a magistrados respecto de uno de sus asuntos de despachos favoritos, solicitando que se avisara por conducto de (Carlos) Alpízar de la resolución, advirtiéndoles que “lo revisaran con mucho cuidado y evitaran problemas”.
En cuanto a Carlos Alpízar, que fungía como secretario General del Consejo de la Judicatura y operador personal del presidente Zaldívar, se le señalan conductas de un presunto enriquecimiento ilícito y se dice textual en el documento oficial de la Judicatura: “Se puso a las órdenes del ex Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Sherer Ibarra, lo que le valió obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos, y es propietario de ranchos, terrenos, casas y autos, todas propiedades millonarias”.
Se agregan señalamientos en su contra de corrupción y/o extorsión, mencionando que “existía un ‘sistema corrupto’utilizado para influir en las decisiones de los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, mayormente en asuntos de interés del Poder Ejecutivo; consistente en citar a magistrados, jueces e incluso secretarios en funciones al piso 14 (catorce) del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal para presionarlos o exigirles que resolvieran en determinado sentido, prometiendo beneficios políticos y económicos, o bien los extorsionaba o amenazaba con cambios de adscripción o inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa; especialmente en asuntos de naturaleza mercantil. Menciona casos específicos mercantiles donde se habrían ejercido presiones como el de Grupo Empresarial Anacar, Cooperativa Cruz Azul, además de casos vinculados a obras e iniciativas del gobierno federal como el Tren Maya, La Ley de Hidrocarburos y la Industria Eléctrica, el Aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del de Texcoco, caso Lozoya, Infonavit y Telecomunicaciones, entre otros.
La revelación de esta investigación ordenada por la ministra Norma Piña se dio justo en el momento en que el Senado de la República avanza en la aprobación de modificaciones a la Ley de Amparo para quitarles a los jueces y magistrados del Poder Judicial la facultad de ordenar la “suspensión temporal” de obras federales y de leyes o iniciativas aprobadas por el Congreso de la Unión y que sean controvertidas constitucionalmente. Y se inscribe también en el marco de la guerra declarada por el presidente López Obrador en contra de los integrantes del Poder Judicial, a quienes descalifica y acusa de “corruptos” y de estar “al servicio de mafias” políticas y empresariales.
Pero el origen de esta confrontación que escaló esta semana e impactó incluso las campañas políticas, con la petición de Xóchitl Gálvez para que “renuncie Arturo Zaldívar a la campaña de Morena por esta investigación”, mientras que Claudia Sheinbaum aseguró que se trata de “una venganza y una persecución política”, se remonta a los años de la presidencia de Zaldívar. Es sabido entre ministros de la Corte que el exministro, convertido en propagandista de la 4T, maltrató y menospreció a varios de sus compañeros durante su gestión, pero especialmente a Norma Piña, a la que, por diferencias de criterios, Zaldívar le cargó la mano y la trató siempre con desdén.
Nunca esperó el ministro entonces presidente, que Piña llegaría a sucederlo en la Presidencia, como nadie tampoco lo esperaba, pero en el fuerte choque entre el ministro Alfredo Ortiz Mena, a quien impulsaba Zaldívar, y la ministra Yasmín Esquivel, a la que terminaron noqueando con la revelación de un presunto plagio de su tesis, que según ella misma afirma “salió de la oficina de Arturo Zaldívar”, las cosas sorpresivamente se le acomodaron a la ministra Piña e, irónicamente, fue justo el voto de Esquivel Mossa el que terminó dándole la mayoría que llevó a la ministra Norma a convertirse en presidenta de la Corte.
Ahí comenzó lo que ahora es un pleito en el que se entremezclan los temas jurídicos, las facturas personales y la disputa ideológica y política en la que de un lado está la ministra presidenta Norma Piña y, paradójicamente ahora también apoyada por el ministro Ortiz Mena, que abandonó a su gran amigo Zaldívar para convertirse en consejero cercanísimo de la nueva presidenta de la Corte, y del otro lado el exministro presidente, convertido en propagandista de la 4T y de su candidata y por supuesto el presidente López Obrador y su agresiva ofensiva contra el Poder Judicial. En fin de sexenio, en plenas campañas políticas y en tiempos de una creciente polarización política, el pronóstico de cómo terminará este pleito se vuelve no sólo incierto sino preocupante. Tenemos una República dividida y confrontada, logro y herencia del sexenio que, aun en su ocaso, sigue confrontando a los mexicanos.
NOTAS INDISCRETAS…
Y hablando de jueces y magistrados, anoche EL UNIVERSAL reveló el contenido del proyecto de resolución que presentará en breve la magistrada electoral Janine Otálora en la impugnación presentada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la candidatura a diputado federal de Francisco García Cabeza de Vaca por el PAN. La propuesta de Otálora es que se le debe revocar al exgobernador de Tamaulipas dicha candidatura por existir en su contra dos órdenes de aprehensión, sin que haya prescrito la acción penal, además de que el candidato panista se ha sustraído de la justicia para evitar la acción penal. Las órdenes de aprehensión vigentes, dice la magistrada en su proyecto, son por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y a pesar de que ella misma menciona la existencia de un amparo concedido por el Juzgado Octavo de Distrito, afirma que la orden de detención sigue vigente, ya que “al haberse iniciado con la imputación de delitos graves, los efectos de la suspensión e incluso de la sentencia de amparo del 30 de noviembre de 2023, conforme a la legislación aplicable, no tiene como efecto que esta pierda vigencia”. El otro criterio que expone Janine Otálora para revocarle la candidatura, es que Cabeza de Vaca se encuentra prófugo de la Justicia, ya que cuenta con dos alertas migratorias emitidas por la Interpol y la FGR. “Basta que un ciudadano se coloque o ubique en ese supuesto normativo (sustraerse de la acción de la justicia a fin de evitar ser sujeto a proceso penal por el libramiento de una orden de aprehensión), para que sus derechos político-electorales se entiendan suspendidos”, expone la magistrada. Veremos cómo votan los otros cuatro compañeros de Otálora en la Sala Superior del Tribunal y si se reúnen los 3 votos necesarios para revocarle la candidatura a Cabeza de Vaca o si, una vez más, como ya lo ha logrado en varias ocasiones, el exgobernador panista le gana esta batalla jurídica a Morena y a la 4T, con una mayoría de ministros en contra del proyecto…La candidata al gobierno de Veracruz se parece cada vez más a los antiguos políticos del PRI a los que el pópulo solía llamar los “Nopales”, porque constantemente se les descubrían nuevas propiedades. Esta semana el empresario veracruzano Arturo Castagne Couturier, quien se ha convertido en un auténtico verdugo para la candidata morenista, reveló la existencia de un lujoso departamento en el municipio más rico de México, San Pedro Garza García, en Nuevo León, propiedad del esposo de Rocío Nahle, José Luis Peña. Ayer en redes sociales, el periodista Edgar Hernández contabilizaba que entre las mansiones que le han descubierto a Nahle en las últimas tres semanas, suman ya 90 millones de pesos en valor, algo que excede con mucho sus ingresos como funcionaria pública, y según dicho periodista, “la mansión de Cancún que está por revelarse ha de estar de película”, además de mencionar la escritura de una casa en El Pedregal de la CDMX que en su declaración patrimonial dice que data de 8 años y le renta a su sobrina. En fin que a ese ritmo la señora Nahle terminará con más propiedades que esa conocida planta mexicana que aparece en el escudo nacional…Los dados cierran semana con Serpiente Doble. Vivimos días turbulentos.
El Universal
