El empresario Arturo Castagné presentó este jueves una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la candidata a la gubernatura de Veracruz por Morena, Rocío Nahle García, y su esposo, José Luis Peña Gutiérrez. En la denuncia, Castagné acusa a la pareja de los delitos de corrupción, uso ilícito de atribuciones o facultades y enriquecimiento ilícito.
Castagné Couturier, argumenta en su denuncia que Nahle y su esposo son propietarios de al menos siete inmuebles, cuya adquisición no se justifica con los ingresos reportados por la candidata durante su carrera como servidora pública.
El empresario asegura que el patrimonio de Nahle y Peña se incrementó de manera desproporcionada durante el tiempo que la ahora candidata estuvo al frente de la Secretaría de Energía. Según Castagné, el aumento en su riqueza no tiene relación con los sueldos y prestaciones que ambos percibían como funcionarios públicos.
Las graves acusaciones presentadas por Castagné contra Rocío Nahle y su esposo ponen en tela de juicio la integridad y la honestidad de la candidata a la gubernatura de Veracruz. Si las imputaciones se comprueban, Nahle y Peña podrían enfrentar penas de hasta 15 años de cárcel.
Es fundamental que las autoridades competentes investiguen a fondo estas acusaciones de manera imparcial y transparente. La sociedad veracruzana tiene derecho a conocer la verdad sobre el origen del patrimonio de la candidata y su esposo.
De igual manera, es necesario que Rocío Nahle responda de manera clara y contundente a las acusaciones en su contra. La candidata tiene la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía y explicar de dónde provienen los recursos con los que ha adquirido sus propiedades.
Este caso no solo pone en entredicho la viabilidad de la candidatura de Nahle, sino que también representa un duro golpe para la lucha contra la corrupción en México. Es inaceptable que personas que aspiran a ocupar cargos públicos de alto nivel estén involucradas en este tipo de actos ilícitos.
La ciudadanía mexicana debe estar atenta al desarrollo de este caso y exigir justicia. La corrupción no puede tolerarse bajo ninguna circunstancia, y quienes la practiquen deben ser sancionados con todo el rigor de la ley.
