La tragedia del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que cobró la vida de 40 personas, ha desencadenado una nueva controversia en el ámbito político mexicano. Senadores tanto oficialistas como de oposición han finalizado una investigación sobre el incidente, concluyendo con una recomendación unánime: la remoción inmediata de Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración (INM), por ejercicio indebido del servicio público.
En la sesión final de este miércoles, el presidente del grupo encargado de la investigación, Rafael Espino, lamentó la falta de colaboración por parte de dependencias del Poder Ejecutivo, que se negaron a participar en el proceso informativo. Esta negativa obstaculizó la obtención de información crucial para esclarecer los hechos y tomar medidas adecuadas.
La ausencia de colaboración gubernamental no solo ha levantado sospechas sobre posibles ocultamientos de información, sino que también ha generado indignación entre los legisladores, quienes señalan una clara falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades federales.
El análisis del proceso contra Garduño reveló una serie de omisiones alarmantes. Desde 2009 hasta 2023, se registraron nueve incendios en estaciones migratorias, incluido uno previo en Ciudad Juárez en 2019. A pesar de estos antecedentes, no se tomaron las medidas preventivas necesarias para evitar futuras tragedias, lo que evidencia una grave negligencia por parte de las autoridades competentes.
Además, se han cuestionado las acciones del propio Garduño durante el proceso legal en su contra. Se ha señalado que utiliza recursos públicos para viajar a Ciudad Juárez cada dos semanas, acomodando su agenda institucional para coincidir con sus audiencias judiciales. Esta conducta, sumada a la falta de acciones preventivas, plantea serias dudas sobre la idoneidad del funcionario para ocupar su cargo.
La senadora Gabriela Benavides, secretaria del grupo de trabajo, expresó su preocupación por la posible obstaculización de la investigación, instando a las autoridades federales a asumir su responsabilidad y colaborar plenamente con las indagaciones.
En un contexto donde la confianza en las instituciones gubernamentales está en entredicho, es fundamental que se garantice una investigación exhaustiva y transparente sobre este lamentable suceso. La remoción de Garduño, en caso de ser justificada, sería un paso crucial hacia la rendición de cuentas y la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.
