La sesión en la Cámara de Diputados se convirtió en un escenario de tensiones y disputas políticas este miércoles, cuando con una mayoría de 258 votos a favor de Morena y 213 de la oposición se aprobó en lo general un polémico dictamen con reformas a la Ley de Amparo. Las modificaciones, que derogan el artículo 129 y modifican el 148, pretenden limitar la capacidad de los jueces para detener obras o normas por posibles violaciones constitucionales.
Desde el inicio de la sesión, las diferencias entre las bancadas se hicieron evidentes, con reclamos por parte de la oposición sobre la falta de respeto a las reglas parlamentarias y la institucionalidad. La diputada Adriana Bustamante de Morena, al defender el proyecto, generó polémica al mezclar argumentos institucionales con posicionamientos políticos, lo que fue criticado por varios legisladores.
El debate se intensificó cuando otros diputados de Morena salieron en defensa de Bustamante, subrayando la legitimidad de expresar opiniones políticas desde la tribuna. Sin embargo, las críticas hacia la falta de profesionalismo parlamentario persistieron, con legisladores de diferentes partidos cuestionando la idoneidad del proceso y la calidad de la discusión.
El descontento alcanzó su punto máximo cuando la diputada Bustamante retomó la palabra para reiterar sus argumentos, a pesar de las críticas previas, lo que reflejó una falta de sensibilidad hacia las preocupaciones expresadas por sus colegas.
En medio de esta controversia, el proyecto de reforma fue aprobado en lo general, abriendo paso a la discusión de 86 reservas. Sin embargo, las expectativas sobre posibles cambios en el texto se desvanecieron, ya que se espera que las reservas sean rechazadas, siguiendo la tendencia de otros dictámenes previos.
La aprobación de estas reformas, en un ambiente marcado por la polarización y la confrontación, plantea serias interrogantes sobre la calidad del debate legislativo y el respeto a las instituciones democráticas. Más allá de las diferencias políticas, es fundamental que los legisladores actúen con responsabilidad y profesionalismo, garantizando un proceso transparente y democrático en beneficio de la ciudadanía.
