La propuesta de reforma al Poder Judicial en México, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha despertado la alarma en sus principales socios comerciales: Estados Unidos y Canadá. Ambos países han manifestado su preocupación por las posibles repercusiones que esta reforma podría tener, no solo en la independencia del sistema judicial mexicano, sino también en la estabilidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La reforma, que plantea la elección de jueces y magistrados por voto popular, ha sido criticada por su potencial para politizar el sistema judicial y vulnerar su imparcialidad. Estados Unidos, representado por el embajador Ken Salazar, ha subrayado la importancia de un Poder Judicial fuerte e independiente como pilar de la democracia y un elemento esencial para garantizar la confianza de los inversionistas extranjeros. Por su parte, Canadá también ha expresado inquietudes similares, resaltando los riesgos que una justicia politizada podría tener para las relaciones comerciales trilaterales.
Este escenario plantea un dilema para México: avanzar con una reforma que podría consolidar el control político de Morena, pero al costo de comprometer la estabilidad democrática y las relaciones internacionales. Mientras el gobierno mexicano defiende la reforma como un paso hacia la “democratización” del sistema judicial, sus socios comerciales ven en ella una amenaza que podría desestabilizar no solo a México, sino a toda la región norteamericana.
La pregunta crucial es si México logrará equilibrar las demandas internas de cambio con las expectativas internacionales de estabilidad y confianza.
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