La reforma judicial impulsada por el gobierno ha generado una fuerte controversia y ha enfrentado su primer gran desafío legal. El Partido Acción Nacional, acompañado por el PRI y posiblemente Movimiento Ciudadano, ha interpuesto amparos y acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes secundarias que establecen un nuevo método para seleccionar a los integrantes del Poder Judicial.
Los opositores argumentan que este mecanismo, que implica una elección extraordinaria en 2025, es inconstitucional y representa una amenaza para la independencia judicial. Según señalan, el proceso es demasiado acelerado y carece de las garantías necesarias para asegurar la transparencia y la imparcialidad en la selección de jueces y magistrados.
La controversia se centra en la denominada “rifa de cargos”, un sistema que, según los críticos, socava la carrera judicial y permite la injerencia política en la designación de los magistrados. Los partidos opositores advierten que esta reforma podría llevar a una politización del Poder Judicial y debilitar el Estado de derecho.
La batalla legal que se avecina promete ser intensa y podría tener importantes implicaciones para el futuro del sistema judicial mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de esta reforma y su decisión marcará un precedente importante en la relación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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