En medio de la controversia por la reelección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuestionó la transparencia y equidad del proceso.
Ramírez, quien obtuvo la mejor evaluación técnica entre los aspirantes, afirmó que el procedimiento favoreció a Piedra, quien logró apenas un punto en las valoraciones iniciales. “Este tipo de convocatorias deberían tener criterios técnicos vinculantes para evitar decisiones arbitrarias”, señaló en entrevista con El Universal.
Reelección bajo cuestionamientos
La reelección de Piedra fue impulsada por la mayoría oficialista en el Senado, a pesar de las críticas de organizaciones civiles y expertos que acusan su gestión de encubrir violaciones graves a los derechos humanos. “Cuando el procedimiento no es parejo, quien compite por un segundo mandato entra con una ventaja desproporcionada”, añadió Ramírez, quien propone un modelo similar al implementado en la Ciudad de México, donde el titular debe someterse a una evaluación previa antes de buscar la reelección.
Hacia una CNDH más eficiente
Ramírez destacó que para fortalecer a la CNDH es esencial trabajar de cerca con la sociedad civil, la academia y las autoridades. Criticó que el organismo nacional opere “desde el escritorio” en lugar de estar en las calles, acompañando protestas sociales y colaborando con organizaciones para proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos, como migrantes en situación de vulnerabilidad.
“Hay que voltear a la justicia restaurativa y priorizar la reparación del daño. La Comisión debe estar más próxima a la gente para ser verdaderamente efectiva”, subrayó.
Organizaciones civiles alzan la voz
Diversas agrupaciones han reprobado la reelección de Piedra Ibarra, señalando que su permanencia en el cargo limita la capacidad de la CNDH para actuar con independencia y proteger a las víctimas.
La polémica reelección y las críticas al proceso han puesto en el centro del debate la necesidad de reformar la elección del titular del organismo, en busca de garantizar imparcialidad y eficiencia en la defensa de los derechos humanos en México.
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