Con un tono directo y sin rodeos, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, lanzó un contundente llamado al Grupo Proyecta: donar dos hectáreas de terreno para viviendas destinadas a policías estatales o enfrentar un proceso de expropiación de cuatro hectáreas.
Durante una conferencia de prensa, Armenta apeló al compromiso social de la empresa inmobiliaria, propiedad de la familia Posada Coeto, recordando los beneficios económicos que han obtenido a lo largo de los años: “Ya es hora de que le devuelvan algo a Puebla”, dijo.
La exigencia tiene como objetivo desarrollar una unidad habitacional en Cholula, al sur de la capital poblana, donde el gobierno estatal busca establecer viviendas dignas para sus elementos de seguridad pública.
El mandatario fijó un plazo claro: 30 días. Si en ese lapso la empresa no entrega el terreno, se procederá a una expropiación mayor. “No es represión, es justicia”, argumentó Armenta, quien aseguró que la petición se hace con “cariño y respeto”.
En medio del revuelo, también se desmintió que Grupo Proyecta haya sido adquirido por Grupo México, propiedad de Germán Larrea, como habían sugerido versiones recientes en medios de comunicación.
El mensaje fue claro: el gobierno quiere resultados, no evasivas. Y con un plazo corriendo, la tensión entre el poder estatal y el sector inmobiliario podría marcar un nuevo capítulo en la política territorial de Puebla.
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