El envío de 12 yemeníes y tres afganos a Emiratos Árabes Unidos reduce a 61 el número de reclusos en la prisión de Guantánamo, abierta en 2002 por el Gobierno del republicano George W. Bush para albergar, sorteando las salvaguardas internacionales, a sospechosos de terrorismo. La mayoría de los reos no han sido acusados de ningún delito y languidecen en un limbo de detención indefinida sin apenas derechos y que se justifica en la ley militar contra los llamados combatientes enemigos.
Una veintena de los presos actuales han sido autorizados a salir pero deben esperar a que un tercer país acepte acogerlos bajo un régimen inicial de libertad vigilada. Los traspasos se aprueban tras un intenso proceso de análisis del Gobierno estadounidense en que el secretario de Defensa debe avisar al Congreso con un mes de antelación de que la salida no supone una amenaza de seguridad. Los últimos traspasos significativos fueron en abril cuando nueve presos fueron a Arabia Saudí y en enero cuando diez fueron a Yemen.
Cuando el demócrata Obama asumió la presidencia en 2009, había en Guantánamo 242 detenidos. Un total de 780 han pasado por la prisión en una base militar en el sureste de Cuba, convertida en un símbolo de los abusos en nombre de la llamada guerra contra el terror tras los atentados del 11-S.
El escollo al cierre de la prisión son la cuarentena de reos no autorizados a ser liberados. El presidente propone desde hace siete años -el pasado febrero fue la última vez en que anunció un enésimo nuevo plan para tratar de lograr la clausura- trasladar a una prisión en EE UU a aquellos detenidos demasiado peligrosos. Lo justifica por respeto a los derechos humanos y por motivos económicos.
Pero el Congreso, liderado por los republicanos, se opone tajantemente a cambiar la ley que permitiría el traslado a EE UU alegando que sería peligroso. Obama no ha descartado aprobar unilateralmente por decreto el cierre de Guantánamo, pero hacerlo sería una delicada maniobra legal y política.
“La continuidad del centro de detención debilita nuestra seguridad nacional vaciando recursos, dañando nuestra relación con aliados y socios, y alentando a extremistas violentos”, dijo, tras el anuncio de este lunes, Lee Wolosky, el enviado especial del Departamento de Estado para el cierre de Guantánamo.
Cada traspaso alimenta el rechazo republicano a la promesa de Obama y refuerza las críticas ante los casos de liberados de Guantánamo que han vuelto a actividades terroristas. “En su carrera para cerrar Gitmo [acrónimo de Guantánamo], la Administración Obama duplica las políticas que ponen en riesgo vidas americanas”, dijo, tras el anuncio, el congresista republicano Ed Royce, presidente del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes.
Antes del anuncio del último traspaso, Donald Trump, el candidato republicano en las elecciones presidenciales de noviembre, prometió este lunes en un mitin mantener abierto el centro de detención y la semana pasada dijo que vería con buenos ojos que ciudadanos estadounidenses fueran procesados en las comisiones militares de Guantánamo.
El magnate inmobiliario ha hecho de la mano dura contra el terrorismo uno de los pilares de su campaña. Es un retorno a la retórica del miedo tras los atentados de 2001 y un reflejo de que, pese a los intentos de Obama, Guantánamo es motivo de orgullo entre muchos estadounidenses.
El País
