Las regiones en Colombia se siguen desangrando por culpa de los cultivos ilícitos. Solo en el Catatumbo (Norte de Santander) de 2015 a 2016 la extensión pasó de 11.527 a 24.831 hectáreas. El país sigue siendo el mayor productor de coca del mundo. El año pasado, las superficies cultivadas aumentaron un 52%, hasta 146.000 hectáreas. Todos saben que buena parte de las economías regionales dependen de la coca y que los campesinos están en medio de la violencia, sin saber qué hacer, entre las labores de limpieza de las zonas y con la incertidumbre de si funcionarán los programas de sustitución voluntaria. Por eso, el acuerdo firmado este viernes entre Colombia y la ONU aparece como un bálsamo para la difícil situación que se vive en los 118 municipios que tienen estos cultivos en sus tierras.
“Este acuerdo es una oportunidad única para cambiar la tendencia contra los cultivos de coca en Colombia y ayudar a los agricultores a adoptar un desarrollo alternativo”, aseguró en Viena el director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Yury Fedotov. Serán invertidos 315 millones de dólares (unos 270 millones de euros) en erradicación, pero también en el desarrollo de cosechas alternativas, uno de los puntos que más reclaman los campesinos tras la firma del acuerdo de paz con las FARC.
La iniciativa, que tendrá una vigencia de cuatro años, fue suscrita del lado colombiano por el Alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo y la directora de la Agencia para la Renovación del Territorio de Colombia, Mariana Escobar Arango. “Es mucho más que un programa para erradicar cultivos, se trata de monitorear, de renovar el territorio, de entrar también en el tema de titulación de tierras”, ha dicho Pardo. El funcionario explica que el plan de sustitución se concentrará en el cacao y el café, en 170 de los pueblos más afectados por el conflicto y que al menos 120.000 familias serán beneficiadas con la labor en al menos 50.000 hectáreas. “Estamos trabajando con optimismo y esperanza en la construcción de oportunidades y justicia social”, reiteró el alto consejero para el posconflicto.
Los habitantes de los pueblos cocaleros sufren las amenazas de disidentes armados que siguen cultivando y protestan por las promesas gubernamentales que siguen sin cumplirse. El Estado ha reconocido que la reducción de las áreas de cultivo de coca no es una tarea fácil en términos logísticos y tampoco lo es porque se trata de reducir los ingresos de grupos armados. “Este acuerdo permite ver una estabilidad al programa de sustitución por cuatro años, consolida lo establecido en el acuerdo de paz con las FARC. Debe ser un alivio para las regiones”, afirmó Pardo.
La UNODC apoya programas de desarrollo alternativo en Afganistán, Bolivia, Laos, Myanmar, Perú y Colombia. En este último, el 65% del trabajo está relacionado con esta estrategia con comunidades locales para que abandonen voluntariamente el cultivo de coca que durante más de cinco décadas fue una de las principales fuentes de financiación del conflicto armado en Colombia. El más reciente estudio sobre territorios afectados en el país adelantado por UNODC encontró que actualmente existen 146.000 hectáreas con cultivos ilícitos.
El País
