Ha pasado un año desde de que saliese a la luz la extendida trama de corrupción en la justicia peruana, la profunda reforma que requiere el sistema no solo no despega sino que la propia red criminal sigue activa. La prensa del país sudamericano empezó a difundir el 7 de julio de 2018 cientos de escuchas telefónicas que formaban parte de una pesquisa fiscal a condenados por narcotráfico y extorsión en el puerto del Callao, cerca de Lima. Entre los interlocutores figuraban jueces y fiscales, así como miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el órgano que nombraba y destituía a los magistrados. La policía a cargo de las escuchas y seguimientos los bautizó como Cuellos Blancos del Puerto, y desde el primer momento coparon la atención pública.
Tras el escándalo inicial han sido muchas las manifestaciones ciudadanas que han presionado al Congreso para que destituya a los miembros del moribundo CNM. A propuesta del Ejecutivo, el Parlamento aprobó crear una Junta Nacional de Justicia para reemplazarlo, pero aún no ha sido posible ponerla en marcha. Ya este año, cuando iba a prestar juramento el único integrante de la Junta que pasó los exámenes pertinentes, la ceremonia fue abortada cuando un periodista reveló que tenía un juicio pendiente por falsificar documentos para cobrar dos jubilaciones y otro proceso ligado a una red de crimen organizado: un caso más que profundizó la desazón en la sociedad peruana. La comisión encargada de echar a andar la Junta pidió al Congreso prorrogarle el plazo para convocar un nuevo concurso que permita al país sudamericano disponer por fin de un órgano que designe y sancione a magistrados.
El Congreso como obstáculo
Los juristas apuntan directamente al Congreso, de mayoría fujimorista, como el mayor obstáculo en la investigación de la organización criminal infiltrada en los principales órganos de impartición de justicia. Entre los políticos que han buscado beneficiarse de la trama de corrupción figura Keiko Fujimori, líder de la oposición y dos veces candidata presidencial: justo cuando el juez supremo César Hinostroza —a la postre cabeza de la red— iba a decidir el año pasado un recurso para que no siguiera siendo investigada por lavado de activos, un par de fiscales de crimen organizado —Rocío Sánchez y Sandra Castro— descubrieron la trama, que lo paralizó todo.
“El Congreso se ha convertido en un escollo”, explica a EL PAÍS el procurador anticorrupción Amado Enco. “Ha bloqueado todos los pedidos de acusación constitucional al exfiscal general Pedro Chávarry y a exconsejeros del CNM para que no autoricen investigarlos por el delito de organización criminal. Y los exconsejeros son pieza clave en la estructura”. Otros funcionarios que deben ser investigados siguen activos, agrega. “Las fiscales han avanzado con valentía en sus investigaciones y varias personas están detenidas e investigadas. Pero necesitamos urgentemente un órgano que sea capaz de supervisar el sistema de justicia”, se lamenta Enco, que califica la situación de “severa crisis”.
“Aunque no se ha instalado la Junta, el rol desempeñado por Sánchez y Castro evidencia que aún hay profesionales que actúan con independencia e imparcialidad y con un importante respaldo ciudadano”, valora la jurista Ana Teresa Revilla, que lamenta sin embargo el retraso en la implementación de las reformas. Todavía sin una entidad que destituya a los magistrados designados por los Cuellos Blancos, el Ministerio Público ha logrado apartar a siete fiscales mediante medidas cautelares y ha suspendido a 24. Pero de 13 propuestas de destitución de fiscales solo dos han sido admitidas, según los datos de la propia Fiscalía. La investigación ha permitido, eso sí, una mejor comprensión de las causas por las que el Congreso no autorizó las pesquisas por organización criminal a los miembros del CNM: eventualmente llegarían a los políticos vinculados con ellos, la mayoría en las filas del fujimorista Fuerza Popular.
Las revelaciones no cesan
El viernes, un segundo juez supremo se inhibió de participar en la revisión de la orden de prisión preventiva contra Fujimori después de que se difundieran unos audios que lo vinculan a la mafia presente en prácticamente todos los ámbitos del sistema de justicia peruano. Poco antes, el magistrado Aldo Figueroa se había apartado del mismo tribunal que decidirá si la dos veces candidata presidencial (2011 y 2016) —que está siendo investigada por lavado de activos— sigue o no presa: se retiró después de que se publicase una serie de conversaciones que sostuvo con el número dos de los Cuellos Blancos, el expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos, hoy encarcelado.
Tras la inhibición del segundo juez del caso, el fiscal Pablo Sánchez anunció que investiga a otro fiscal supremo, Víctor Rodríguez Monteza, por sus vínculos con la trama corrupta. Rodríguez representa al Ministerio Público en la revisión de la prisión preventiva de Fujimori y se ha manifestado a favor de que sea liberada, una postura contraria al equipo especial de fiscales para Lava Jato, que está a cargo de las pesquisas a la política opositora por recibir fondos de la constructora brasileña Odebrecht. De los cinco miembros del órgano de gobierno del Ministerio Público, tres están investigados por su nexo con la trama: Rodríguez, Pedro Chávarry y Tomás Gálvez. Un año después, todo sigue igual.
El País
