El Gobierno argentino presentó por fin su propuesta a los acreedores privados. El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, planteó tres años de gracia (no se pagaría nada hasta 2023), una fuerte reducción de intereses (se pagaría el 2,3% como promedio, cuando la mayoría de las emisiones de bonos tenían un rendimiento anual cercano al 10%, lo que supondría una quita de 37.900 millones de dólares) y una moderada quita del 5% sobre el principal de una deuda global de 68.800 millones, equivalente a un recorte de 3.600 millones.
“Durante años, Argentina no puede pagar nada”, dijo Martín Guzmán, rodeado por el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y numerosos gobernadores provinciales. La puesta en escena fue solemne. También lo fue Fernández cuando advirtió a los argentinos de que los próximos 20 días, el período durante el cual los acreedores en moneda extranjera deben decidir si aceptan o rechazan la propuesta, serían turbulentos: “En este periodo va a haber gente jugando muy fuerte. Hay muchos intereses en juego. Las voces de nuestros acreedores, que buscan que Argentina pague más, van a estar sonando. Es importante que como sociedad tomemos el compromiso de estar unidos sobre esta oferta”.
El presidente reconoció que Argentina se encontraba “en default virtual”, tras varios impagos, y agregó que su Gobierno no firmaría “cheques sin fondos”. “Proponemos lo que podemos pagar y lo pagaremos”, aseguró.
Las primeras reacciones de los poseedores de bonos fueron diversas. Una encuesta de urgencia de la agencia Bloomberg concluyó con una impresión negativa. Inversores consultados por este periódico indicaron que la oferta no parecía mala, a la espera de conocer cómo se distribuiría la carga de los recortes. “No es lo mismo reducir intereses de un bono a corto plazo que de un bono a largo plazo, y esos detalles no los tenemos aún”, dijo un acreedor. Un hecho significativo fue, en cualquier caso, que el mercado de bonos argentinos experimentara un repunte del 15% en los minutos posteriores al anuncio. En estos momentos, los bonos argentinos se venden muy baratos, en torno al 30% de su valor nominal.
Tanto el presidente como el ministro de Hacienda afirmaron que la oferta no era negociable. O se aceptaba en los términos propuestos, o el país se vería obligado a suspender pagos (el temido default). Esa firmeza, sin embargo, parecía tener más de instrumento negociador que de cierre en banda. “Habrá conversaciones, y si hay conversaciones pueden pactarse cambios”, dijo un analista. “Por el momento no hemos llegado a un entendimiento con los bonistas sobre qué es una deuda sostenible”, admitió Guzmán.
La estrategia del gobierno argentino, hasta cierto punto amparada por el Fondo Monetario Internacional (acreedor a su vez por un importe de 47.000 millones de dólares), resulta clara: garantizar casi todo el capital y aplicar una reducción severa sobre los intereses, adecuándolos en la práctica a los que rigen en los mercados internacionales. Desde abril de 2018, cuando entró en recesión y se vio obligada a pedir auxilio al FMI, Argentina no tiene acceso a esos mercados. Su riesgo país ronda los 4.000 puntos. Eso supone que los intereses que debería pagar para conseguir créditos estarían cercanos al 40%. Sus emisiones de bonos a largo plazo ofrecían en muchos casos rendimientos totales superiores al 60%. La inflación anual argentina está en el 47%, y en marzo registró un aumento del 3,3%.
El Gobierno de Buenos Aires considera que no habrá dificultades para conseguir que su deuda con el FMI disponga también de tres años de gracia.
