Carlos Loret de Mola
Para la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es más grave volar en un avión privado que usar como ratas de laboratorio a 200 mil personas.
Le preocupa mucho que sus subalternos realicen actos que desenmascaran la apariencia de austeridad y no le molesta que cometan gigantescas transgresiones éticas.
Su rasero ha sido distinto:
Su consejero jurídico, Héctor Villegas Sandoval, voló en un avión privado de un empresario, apuntando a un conflicto de interés, a un tráfico de influencias. El escándalo se supo el 12 de diciembre de 2019 y ese mismo día, Claudia Sheinbaum anunció que por ello se iba Villegas.
En el mismo vuelo viajó María Idalia Salgado, cabeza del Instituto de Verificación Administrativa. El mismo día fue destituida.
El 6 de noviembre de 2021, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México se vio bajo el mismo cuestionamiento por un vuelo en avión privado a Guatemala, para acudir a la boda de Santiago Nieto, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal. Ese mismo día fue despedida por Sheinbaum.
El 3 de mayo de 2021 se desplomó la Línea 12 del metro de la Ciudad de México. Murieron 26 personas. La directora del Metro, Florencia Serranía, permaneció en el cargo durante dos largos meses más. Claudia Sheinbaum tendió sobre ella un manto de impunidad que le duró hasta el 28 de junio, cuando la presión pública orilló a que diera su brazo a torcer. 56 días de gracia entre la Línea 12 y el despido de la funcionaria.
Aparentemente es más grave volar en avión privado que descuidar el Metro y causar la muerte de 26 personas. Aparentemente es más grave volar en avión privado que usar a miles de ciudadanos para realizar un experimento científico.
Los hechos no dejan espacio a la duda. Altos funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum repartieron a 196 mil 400 capitalinos un medicamento que no estaba autorizado. Les dijeron que se lo tomaran para curar el Covid. El medicamento no estaba autorizado. No le avisaron a la gente. No le pidieron autorización para hacerlo. Y al final, con los datos recabados de las reacciones de los enfermos a esta medicina, llamada ivermectina, publicaron un estudio médico diciendo que la medicina era efectiva contra el virus. Eso se llama experimento. De hecho, los propios funcionarios le llamaron “Estudio cuasi-experimental” en la publicación que hicieron y que después fue retirada de la plataforma cuando descubrieron los editores las faltas éticas para realizar este estudio.
Cuando se evidenció el escándalo y hasta uno de los participantes aceptó públicamente la violación ética, la jefa de Gobierno en vez de despedir a todos los cuasi-criminales, ha tendido sobre ellos un manto de impunidad con el desgastado pretexto de que existe una conspiración de sus opositores para desprestigiarlos.
Es el manual obradorista. Su padrino político, el presidente López Obrador, ha “cuasi-tipificado” como delito el uso de aviones privados. Más aún, si pertenecen a algún empresario. ¿Por qué? Porque se genera un conflicto de interés. Claro, si su hijo goza de la casa de un alto ejecutivo de una empresa contratista de Pemex ahí no hay conflicto de interés, a decir del presidente.
El aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México opera en promedio 837 vuelos diarios. El de Santa Lucía va a ser inaugurado con 8 vuelos diarios. Más que aeropuerto, parece pista clandestina.
El Universal
