Salvador García Soto
Con la Reforma Eléctrica de López Obrador en materia constitucional pendiendo de un hilo y entrampada ante la falta de una mayoría calificada en el Congreso, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrían abrirle “una puerta alternativa” al presidente para hacer realidad sus cambios al Sistema Eléctrico Nacional y devolverle a la CFE el control mayoritario de la generación de energía eléctrica. El proyecto con el que se estrena la ministra Loretta Ortiz, presentado la semana pasada y que propone declarar “constitucional” la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, apunta a que la 4T va por esta ley como un sustituto en caso de que no puedan sacar los cambios constitucionales.
Porque bastarían los votos de cuatro ministros en el pleno de la Corte para que la cuestionada ley secundaria del sector eléctrico, que impugnaron los senadores de la oposición, la Cofece y el gobierno de Colima por considerarla inconstitucional, fuera validada y declarada constitucional por el principio de que prevalece “el interés público sobre el individual”, tal como lo invoca la ministra Ortiz Ahlf en su proyecto de sentencia. Además del voto evidente de la ministra ponente, se dan por hecho otros dos votos a favor de la constitucionalidad, el de Yasmín Esquivel Mossa y el del ministro presidente Arturo Zaldívar, y si a ellos tres se sumara el ministro Juan Luis González Alcántara, los tres juicios de inconstitucionalidad serían desechados dejando vigente la Ley de Industria Eléctrica.
En ese momento todos los amparos interpuestos por empresarios e inversionistas del sector eléctrico que fueron otorgados por los jueces de competencia, quedarían sin efecto y el nuevo modelo de generación eléctrica, que da preferencia a la CFE sobre los generadores privados y que modificaría todas las reglas actuales con las que funciona el mercado eléctrico, empezaría a funcionar provocando cambios y cancelación de contratos de autogeneración y autoabasto, además de afectar los llamados CELES o contratos de generación de energías limpias.
Esa parece ser la nueva apuesta del presidente López Obrador y de la 4T ante el laberinto en el que se encuentra atrapada la iniciativa constitucional en materia eléctrica. Porque sin los votos priistas —que ya dijeron que no aprobarán la reforma sin cambios y hasta después de las elecciones del 1 de junio—, sin el consenso total de Morena en el Senado, donde Ricardo Monreal ha dicho que se requieren hacer “varias modificaciones” a la propuesta presidencial si se quiere negociar con la oposición, y con la presión y amenazas de Estados Unidos de demandar a México ante el TMEC si se aprueba la iniciativa lopezobradorista, los cambios constitucionales simplemente están entrampados.
Por eso la oposición ha enfocado sus baterías en alegar un “conflicto de interés” de la ministra Loretta Ortiz, ponente del proyecto, bajo el argumento de que ella fue diputada de Morena en 2013, cuando se votó la Reforma Eléctrica del presidente Peña Nieto, y votó en contra de esa iniciativa de ley que justamente es la que revierte la nueva Ley de la Industria Eléctrica a la que la ministra propone declarar constitucional. Los senadores de oposición preparan un escrito al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para pedirle que la ministra ponente se excuse y se abstenga de votar en la sesión del próximo 5 de abril por el presunto conflicto de interés en que se encuentra sobre el asunto que votará el pleno.
Si bien los turnos de los asuntos en la Suprema Corte se basan en un sistema aleatorio a través del cual se definen qué controversias, amparos o acciones de inconstitucionalidad le tocan a cada ministro, podría decirse que fue coincidencia el hecho de que fuera precisamente a Loretta Ortiz a la que le tocara revisar los tres juicios de inconstitucionalidad relativos a la ley eléctrica, fue una coincidencia demasiado afortunada para el presidente López Obrador y para la mayoría de Morena que el año pasado impulsaron y aprobaron esa legislación que motivó una ola de amparos de empresarios y que fue controvertida ante la Corte.
Así que, con un proyecto completamente a favor de la Ley de la Industria Eléctrica, propuesto por una ministra que es incondicional e ideológicamente afín a su proyecto, y al mismo tiempo una reforma constitucional atorada por falta de mayoría, todo indica que el presidente López Obrador buscará darles la vuelta a los opositores e intentará sacar su nuevo modelo eléctrico de control mayoritario estatal vía la Corte; ya tiene tres votos seguros, solo tienen que amarrar el del ministro González Alcántara. ¿Serán la Corte y los ministros pro 4T los que le abran la puerta al nuevo modelo eléctrico lopezobradorista ante la falta de acuerdos en el Congreso? Ese balón está en la cancha de los ministros, veremos a quién le dan el triunfo con su saque.
NOTAS INDISCRETAS… Van tres ocasiones que desde el gobierno de la 4T se escucha la propuesta de “expropiación” o “nacionalización” del Patrimonio Cultural de Banamex. La primera vez lo dijo Pablo Gómez, el político director de la UIF; la segunda vez fue el canciller Marcelo Ebrard; y el viernes pasado, en la Convención Nacional Bancaria, fue el presidente López Obrador quien habló de la posibilidad de “expropiar” el invaluable patrimonio cultural, artístico e histórico en poder del Grupo CitiBanamex y construido en casi dos siglos de esfuerzos, cuidados e inversión del antiguo Banco Nacional de México. Aunque Citibanamex respondió de inmediato a la propuesta presidencial diciendo que el Patrimonio Cultural es parte de los activos del banco y se vende junto con el nombre, la infraestructura y la afore, no parece casualidad que López Obrador haya ido a la Convención Nacional Bancaria a soltar, por tercera vez la propuesta expropiatoria que a muchos les parece imposible, pero quizás no se vea así en Palacio nacional. Hablamos de más de 4 mil obras de arte, pinturas, esculturas y otras, además de casi 10 mil piezas de artesanía y al menos 6 inmuebles históricos entre ellos el majestuoso Palacio de Iturbide, todo adquirido legalmente por los dueños de Banamex a lo largo de su historia. Pero ¿y si el gobierno dijera que todo eso es “patrimonio nacional” y como tal debe dejar de ser privado y pasar a manos del gobierno de la República para su cuidado y manejo? La semana pasada el presidente reiteró, a sus críticos, opositores y hasta a los de casa, que lo suyo, más que un movimiento o proyecto político “es una Revolución”. Y las revoluciones expropian y nacionalizan “por interés público y nacional”. En ese mismo discurso en su mañanera, López Obrador habló de que muchos aún no lo entienden, refiriéndose a los cambios que está haciendo su gobierno, y cerró con una frase: “Esto va a seguir, falta mucho todavía por ver. Como dicen: lo bueno de todo esto es lo mejor que se va a poner”. Así que nadie se sorprenda si ahora vienen las expropiaciones, empezando por la del patrimonio cultural de Banamex… Extraña, por decir lo menos, resultó la renuncia del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, para irse a promover la consulta de Revocación de Mandato a Coahuila. Uno pensaría que la seguridad de este país, de por sí por los suelos, está en manos de profesionales alejados del interés político y concentrados en garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos. Pero tal parece que en este gobierno, que tanto critica a los del pasado que le entregaron la seguridad a presuntos narcotraficantes o a políticos con ambiciones, están repitiendo los mismos vicios que tanto cuestionan. Porque de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en tres años ya ha salido un gobernador, un diputado y ahora un “promotor de la consulta”, pero lo que nomás no sale son los resultados de una estrategia tan fallida que hoy tiene a la República ensangrentada y a varios estados sumidos en una violencia cruel e inhumana. Tal parece que más que una secretaría especializada y eficiente, la SSyPC ha resultado ser en la 4T un semillero político en donde no hay resultados reales, más allá de las cifras maquilladas y manipuladas, pero sí sobran candidatos, promotores e incondicionales del presidente. Total, la vida y la seguridad de los mexicanos no importan tanto como “ratificar” al presidente López Obrador, ¿o no subse Mejía Berdeja?… Los dados mandan Escalera Doble. Bien comienza la semana.
El Universal
