Si las redes narcotraficantes colombianas aceptan la oferta que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, les envió el domingo anterior de “dejar las armas”, negociar la paz y recibir beneficios judiciales, los cárteles mexicanos del contrabando internacional de estupefacientes enfrentarán el mayor desafío de producción y suministro de cocaína desde que Estados Unidos lanzó en 1971 la guerra global contra las drogas.
Un eventual desmontaje de suelo colombiano como gran proveedor de cocaína obligaría a los cárteles mexicanos a mudarse a Perú, que en el siglo XX fue el principal productor mundial de esa droga y ahora es segundo solo precedido por Colombia, o a Ecuador, hoy base crucial del tráfico de drogas del sur al norte de América.
“Sí sería un gran impacto para los mexicanos que Colombia deje ser la más importante plaza de producción de cocaína”, afirmó el colombiano John Marulanda, coronel en reserva activa del Ejército de Colombia y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia en Retiro.
“Si los actuales narcotraficantes colombianos dejan el negocio, los reemplazarán otros cárteles y otros países. El narcotráfico está regido por la demanda, que está al alza con Estados Unidos como más importante consumidor mundial de drogas, y la oferta, también al alza”, dijo Marulanda a EL UNIVERSAL.
Tras subrayar que, si Petro logra que Colombia deje de ser el proveedor mundial número uno de cocaína, una opción para los mexicanos es moverse a Perú.
“Sería volver a Perú que hoy, detrás de Colombia, es segundo en sembradíos de hoja de coca (materia prima de la cocaína) y en producción de esa droga. Perú ya fue en el siglo XX el principal en ambos rubros. Otra opción es Ecuador, que ni siembra ni produce, pero es hoy una base esencial del tráfico”, describió.
Al jurar el pasado domingo en Bogotá para un mandato de cuatro años, Petro reafirmó un compromiso por la paz total en Colombia que incluyó a narcotraficantes y bandas criminales en ese país, con 240 mil hectáreas de hoja de coca.
Petro llamó “a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado” y los exhortó “a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia, a trabajar como dueños de una economía próspera pero legal que acabe con el atraso de las regiones”.
Antes de asumir, anunció un “perdón social” que, sin ser impunidad o encubrimiento, sería justicia reparativa y verdad histórica en un país con casi 75 años de violencia política, estatal, paramilitar, guerrillera y criminal.
Petro denunció el domingo el fracaso de la guerra que, en junio de 1971, el entonces presidente de EU, Richard Nixon, declaró contra las drogas.
El Clan del Golfo, que surgió en 2006 y avanzó en los últimos 16 años como una fuerza criminal armada irregular para convertirse en la más poderosa mafias colombianas del narcotráfico y en uno de los más sólidos aliados de los cárteles mexicanos en el suministro de cocaína, anunció el mismo domingo un cese unilateral del fuego.
La orden fue emitida “como expresión de buena voluntad” hacia Petro en la “búsqueda de caminos de paz para todos los actores del conflicto”, informó el Clan en un comunicado que se divulgó en Colombia. “Tenemos la mejor buena voluntad de sumarnos a los diálogos exploratorios de paz”, reafirmó.
Desde una cárcel en Estados Unidos, a donde fue extraditado este año por narcotráfico, el colombiano Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel y jefe del Clan, instruyó a sus subordinados suspender los ataques a los cuerpos militares y policiales de Colombia o “plan pistola” y solicitó a Petro actuar “con sentido patrio” para conseguir la paz.
Otoniel pidió a Petro que permita que el Clan, conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (paramilitares), “se una al acogimiento a la justicia que se está planteando”. Úsuga envió varios mensajes este mes al equipo de Petro.
Detenido en octubre de 2021, Úsuga acumuló más de 20 años de lazos con los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas para llevar cocaína del sur al norte de América y emergió como el narcotraficante más poderoso de Colombia del siglo XXI.
Anticipándose a la oferta que se preveía Petro formalizaría al asumir su cargo, la Oficina de Envigado, un cártel colombiano del narcotráfico creado en la década de 1990 en Medellín, capital del noroccidental departamento colombiano (estado) de Antioquia, informó el 28 de julio de este año que “recibimos con esperanza” el llamado para construir “una paz total”.
“El gobierno debe facilitar nuestro acogimiento a la justicia”, con un trato “diferenciado” a la Oficina para romper “círculos viciosos de violencia”, agregó.
Otoniel y la Oficina coincidieron en el término “acogimiento”. La administración Petro negocia un proyecto de ley para “el acogimiento” a la justicia, sin ser “sometimiento”, de redes criminales para obligarlas a delatar rutas y otros secretos.
Aunque el Clan es el cártel más fuerte, otras organizaciones, como las disidencias de las ya disueltas guerrillas comunistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la todavía activa insurgencia comunista del Ejército de Liberación (ELN), dominan la narcoactividad. Las FARC firmaron la paz en 2016 y se desmovilizaron en 2017, pero la pacificación todavía es incompleta en Colombia.
En busca de la paz completa, el ELN, que se sublevó en 1964, podría iniciar diálogos de paz en La Habana con Petro y rescatar el proceso suspendido en 2019 por el anterior gobierno colombiano.
Colombia se afianzó desde la década de 1980 como exclusivo proveedor de cocaína para los cárteles de México, en un vínculo que se ahondó en el siglo XXI con el avance de las mafias mexicanas hasta desplazar a las colombianas y convertirse en jerarcas mundiales del negocio de esa droga.
La ofensiva se aceleró en 2014, con el despliegue de emisarios mexicanos en Colombia con la orden de controlar la siembra de hoja de coca y la producción y distribución internacional de cocaína, en alianza mayoritaria y dominante con sus contrapartes colombianos.
El Universal
