Jorge Fernández Menéndez
Para la Lauretta, un año sin ella.
La investigación que realiza el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, apoyado en la fiscalía especial que encabeza Omar Trejo, deja la sensación de ser una suerte de déjà vu. Esto lo vivimos casi sin cambios en el libreto con Pablo Chapa Bezanilla, otro fiscal especial que atendía los casos Posadas Ocampo, Colosio y Ruiz Massieu, en el sexenio de Ernesto Zedillo.
Chapa trabajaba con el procurador Antonio Lozano Gracia y en lugar de investigar qué era lo que realmente había sucedido, lo que hizo es lo mismo que hicieron ahora Encinas y Trejo: primero, crear una narrativa de lo que querían o pensaban que había sucedido; después, detener a los responsables políticos a modo, a partir de declaraciones de personajes oscuros que ya habían sido detenidos por distintos delitos; para justificar las detenciones sin pruebas filtraron todo tipo de información sin sustento, pero políticamente espectaculares; terminaron acudiendo a una bruja para investigar el caso e hicieron el mayor de los ridículos. En el camino destrozaron la credibilidad en la justicia, acabaron con carreras políticas y familiares, descalificaron instituciones. El que terminó preso fue Chapa Bezanilla, detenido en Madrid, luego de fugarse del país.
Esta historia de Ayotzinapa me temo que será muy similar a aquella. En 1995, con mi amigo Joaquín López Dóriga, publicamos un libro titulado Domiro: era el testimonio del general Domiro García Reyes, subjefe del Estado Mayor presidencial y designado responsable de la seguridad de Luis Donaldo Colosio en aquella campaña que terminó trágicamente en Lomas Taurinas en 1994.
Chapa Bezanilla quería inculpar por ese crimen a Domiro, para así hacer responsable al EMP y luego a Carlos Salinas. Domiro era absolutamente inocente, no había la menor prueba en su contra, pero lo inculparon igual. Nos dio una caja completa de cassettes con su testimonio para que lo publicáramos, lo había grabado la noche anterior, esperaba ser detenido al día siguiente. No fue así y su testimonio en aquel libro generó tal escándalo que Domiro nunca fue detenido. Pero buena parte de su vida personal y profesional se perdió en aquellos meses.
En todo eso pensaba cuando el jueves pasado ingresé al penal militar del Campo Militar 1, para entrevistar al general José Rodríguez Pérez, acusado sin prueba alguna por Encinas y Trejo de haber participado en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa e incluso, dijo Encinas, también sin comprobarlo, de haber ordenado el asesinato de entre cuatro y seis de esos jóvenes días después de aquel 26 de septiembre del que hoy se cumplen ocho años. No hay pruebas contra los militares detenidos que vayan más allá de las declaraciones de el Cabo Gil, Gildardo López, realizadas muchos años después de que ocurrieran los hechos. La síntesis del caso es sencilla de presentar: un general con cuarenta y cuatro años de servicio, con una foja de servicios impecable, termina preso por la acusación de un jefe de sicarios que reconoce haber participado en la desaparición y presunta muerte de los 43 estudiantes, lo que está plenamente comprobado. El Cabo Gil está libre, el general preso. Ése es el drama que vive el general Rodríguez Pérez.
Entrevisté al general en la prisión militar. “En primer lugar, me dijo, luego de recordar todo lo sucedido y cómo había actuado ese 26 de septiembre, quiero señalar que nosotros estamos a favor de las familias, entendemos el dolor de las familias y nosotros siempre, desde el primer momento que sucedieron los hechos, hemos cooperado con ellos. Yo me entrevisté con los padres de los estudiantes dos días después de los eventos, me pedían apoyo y yo se los brindé, les hice algunas propuestas para poder localizarlos, junto a mí estaba el encargado de derechos humanos del estado de Guerrero. La institución siempre ha prestado apoyo y siempre ha estado a favor de los padres, pero no a cualquier costo, y fui señalado en forma completamente infundada”.
El general Rodríguez Pérez tiene un récord importante en el periodo que estuvo en Iguala de haber proporcionado muchos golpes a Guerreros Unidos… llama la atención, le digo, que lo acusen de estar en convivencia con Guerreros Unidos cuando golpeó a Guerreros Unidos. “En los lugares en que he estado he actuado contra diferentes tipos de bandas, he hecho un trabajo que lo respalda mi expediente, que se encuentra en la Secretaría de la Defensa Nacional… Tengo cuarenta y cuatro años de servicio y tengo cuatro años de haberme retirado, disfrutando a mi familia, disfrutando a mis nietos, disfrutando el calor del hogar y ahora, mira, estamos en esta situación.
“Es una vileza lo que hicieron, una cobardía, dice, el haberse manifestado al margen de la ley de esta persona (Encinas) y realmente estoy aquí, como te lo comentaba, por delincuencia organizada, que no tiene que ver nada con esa declaración que hizo esta persona, estoy aquí sustentado por un testigo protegido que tienen ellos”. Un testigo, por cierto, que fue detenido por fuerzas militares.
¿Qué es lo que espera de la justicia, de la sociedad?, ¿cómo espera que termine este proceso?, le pregunto.
“Lo que espero en primer lugar es que no nos juzguen como lo hizo esta persona (Encinas), que se enteren, que esperen al resultado jurídico, que nos avala la razón, somos inocentes… estamos aquí, nos presentamos, estoy dando la cara, para que conozcan cuáles fueron los hechos, que vean cuál es la carrera… vamos a salir adelante con la cara en alto y voy a reivindicar mi nombre”.
Excélsior
