Héctor Aguilar Camín
Al día siguiente de que el Congreso prorrogó por cuatro años la presencia discrecional de las fuerzas armadas en la seguridad pública del país, hubo en San Miguel Totolapan la mayor masacre criminal del sexenio.
Una pandilla autodenominada Tequileros tomó por asalto al pueblo, mató a veinte y se llevó a veinte, sin que apareciera un miembro de las fuerzas armadas ni a impedir el hecho ni a castigarlo.
Bautizo de fuego.
Conviene repetir lo que aprobó el Congreso: cuatro años más de vigencia de un artículo constitucional que deja abierto el uso discrecional de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional para atender la seguridad pública.
El artículo dice, con todas sus letras, que el mando de la Guardia Nacional debe ser civil y la Guardia misma estar radicada en la Secretaría de seguridad del gobierno federal.
El hecho, sin embargo es que, por un decreto presidencial, la Guardia Nacional tiene hoy mando militar y es parte orgánica de la Secretaría de la Defensa.
Hay por lo menos una contradicción entre lo que dice el artículo prorrogado y lo que dice el decreto. La Suprema Corte podría zanjar en una sesión el asunto pero ese poder no está para dirimir con rapidez querellas que tienen que ver con militares. Las tiene todas esperando, en su lista de pendientes.
Durante años el Ejército pidió un marco legal para hacer las tareas de seguridad pública que le encomendaban. Lo tiene ahora, y prorrogado, bajo el amparo de un decreto que contradice la Constitución.
Pero aquí estamos. La seguridad pública ha quedado en manos de las fuerzas armadas. No quedan sino los militares para contener a los cárteles, a los homicidas, a los guachicoleros, a los feminicidas, a los secuestradores, a los asesinos de periodistas, a los asesinos de buscadoras de cuerpos, a los ejércitos de la extorsión y del derecho de piso.
La pregunta que queda es cuándo van a empezar a trabajar y cómo, para entregarnos el país seguro que les han encomendado.
Tarea inmensa. Quizá podrían empezar por atrapar a los Tequileros.
Milenio
