Colusión y empoderamiento criminal en los reportes de Sedena

Héctor De Mauleón

Desde mayo de 2019 el área de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo en sus manos información sobre actividades relevantes de Los Rojos en el estado de Morelos.

Un reporte enviado por vía electrónica el día 17 de ese mes, habló de las operaciones que el jefe de plaza Hugo Catalán, El Cata, así como Alan Bustos, El Largo, encargado del brazo armado, realizaban en el municipio de Temixco.

Según el reporte 20190517, que forma parte de los Guacamaya Papers, El Largo recibía en ese tiempo grabaciones con “directrices/mensajes” enviados por el líder de Los Rojos, Santiago Mazari, El Carrete (quien aún se hallaba prófugo, escondido en la sierra de Guerrero) y mediante acciones de violencia imponía el pago de cuotas, la venta de droga y el secuestro en ese municipio morelense.

El reporte es significativo porque Alan Bustos, El Largo, estuvo involucrado en el asesinato, en enero de 2016, de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, ultimada en su domicilio un día después de tomar posesión del cargo.

Aquella mañana, Mota fue sacada de su habitación por una célula criminal de Los Rojos, quienes la mataron frente a sus familiares.

Durante la huida, uno de los sicarios fue aprehendido. Le decían El Alexis. Reveló los apodos de los sicarios que habían tomado parte en la ejecución —El Primo, El Shoker, El Perro, El Enano, El Cabezón y El Chuy— y relató que la decisión de ejecutar a la alcaldesa había sido tomada por El Primo al comprobar sus nexos con Alan Bustos, El Largo, quien en esos días trabajaba para Guerreros Unidos, y con César Agustín Huerta, El Guty, y Raúl Luna, El Ruso.

Del reporte se desprende que en 2019 El Largo se había cambiado de bando, había pasado a ser uno de los hombres fuertes del líder de Los Rojos, El Carrete, y operaba las ejecuciones ordenadas por Hugo Catalán, El Cata.

Según el documento, elaborado a partir de información proporcionada por otro líder criminal –Crispín Gaspar Cortés, Don Crispín, mando operativo del Cártel Jalisco y Guerreros Unidos en Morelos–, la entonces alcaldesa de Temixco, la morenista Jazmín Solano López, contaba con ocho escoltas fuertemente armados —con AK-47—, que el propio Hugo Catalán le había proporcionado.

Solano López terminó su gestión el 31 de diciembre de 2021, con una liquidación ilegal y millonaria que se repartieron entre ella y su grupo, y dejando al municipio de Temixco con una deuda histórica.

El reporte afirma que Solano reconoció en una reunión celebrada en San Gabriel Palmas, municipio de Amacuzac, que había sido apoyada por El Carrete durante su campaña.

Durante su gestión, prosigue el documento, El Cata contó “con el apoyo de algunos elementos de la Policía Municipal de Temixco”, así como de operadores del C5.

Hugo Catalán, El Cata, ni siquiera es mencionado en los medios como miembro de Los Rojos. Sobre El Largo no hay investigaciones a pesar de que su nombre saltó durante los días del asesinato de Mota, que ocupó la atención a nivel nacional. El documento menciona también a un individuo llamado “Mario” que opera para Los Rojos el secuestro, el cobro de piso y el narcomenudeo en el mismo de Xochitepec.

El mismo texto enviado a inteligencia militar en mayo de 2019 indica que en la localidad de Tejalpa existe un rancho conocido como Calera Chica, el cual es utilizado por Lino Adame Sotelo, jefe de Los Linos, para ocultar drogas y armas.

“El sitio es custodiado por gente armada, entre ellos los sujetos referidos como El Muñeco y El Spirit; este último funge como segundo al mando y encargado del brazo armado”, se lee.

Los Linos es un grupo delincuencial, a cuya cabeza se encuentran tres hermanos, que operan en Cuernavaca, Yautepec, Temixco, Tepoztlán, Zapata y Jiutepec. Entre otras actividades se dedican a la extorsión en tortillerías, panaderías, tiendas, farmacias y verdulerías.

El reporte incluía teléfonos celulares de algunas de las personas que aparecieron mencionadas. Al parecer, durmió el sueño de los justos hasta que los archivos de la Sedena fueron hackeados por el colectivo Guacamaya.

El Universal